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LA CONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA. EL ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS
se alistaba porque no tenía otro medio posible de vida o, aun peor, al delincuente, “vago y malentretenido” –en
los términos de la época– reclutado por la fuerza, “destinado”. Milicianos eran, en cambio, todos los ciudadanos,
lo que jerarquizaba en principio a la propia fuerza y a sus integrantes. La ley también fijaba diferentes derechos
y obligaciones.
Estas diferencias en varios planos no necesariamente se correspondían con clivajes efectivos. En términos
de su composición social, las milicias también reclutaban mayoritariamente, aunque no de manera exclusiva,
a varones provenientes de las capas populares de la población. Sus derechos eran con frecuencia violados. La arbitrariedad
en el reclutamiento, la falta de paga, el servicio extendido mucho más allá de los plazos estipulados,
las privaciones materiales, los castigos físicos y el traslado fuera de la región daban lugar a protestas personales
y motines colectivos. Inspiraron, además, toda una literatura de denuncia de las iniquidades del “contingente” y, en
particular, del servicio de frontera. En cuanto a sus funciones, con mucha frecuencia se superponían con las de los
soldados y entonces era difícil distinguir entre una y otra fuerza.
Aun así, Guardia Nacional y ejército de línea respondían a principios diferentes, que resultaban claros
para los contemporáneos. Quienes defendían a los milicianos de los abusos del sistema, lo hacían señalando la
violación de los principios sobre los cuales éste debía fundarse. Por su parte, la retórica de la ciudadanía en armas
cumplía un papel importante en la vida política, y las milicias funcionaban, además, como redes concretas de organización
política. Y sobre todo, eran una fuerza parcialmente descentralizada, que fragmentaba el poder militar.
Jefes militares
La combinación de diferencias y superposiciones manifiesta en las funciones del ejército de línea y de
la Guardia Nacional, también era visible en la organización de sus mandos. Sólo en la década de 1870, durante
la presidencia de Sarmiento, se crearon instituciones destinadas a dar una formación sistemática a los oficiales
militares: el Colegio Militar y la Escuela Naval. Por lo tanto, durante el período que nos ocupa, los jefes surgieron
de la llamada “carrera de las armas”, de carácter práctica y política. Así, la formación del ejército de línea en tiempos
de Mitre se hizo, como ya señalamos, sobre la base de la Guardia Nacional de Buenos Aires, y sus jefes y oficiales
surgieron de allí. A ese conjunto, se agregaron luego otros oficiales, confirmados en la acción, tanto en el frente
interno como en la frontera y sobre todo, en la guerra contra el Paraguay. 9
En cuanto a la Guardia Nacional, los perfiles no eran demasiado diferentes, ya que si bien no había
una carrera formal equivalente a la del Ejército, los que fungían como comandantes fueron, con frecuencia, figuras
civiles pero con trayectoria práctica en el campo de la acción guerrera y muchas veces, con grado en el Ejército.
Tanto en una como en otra institución, los jefes operaban en medio de una trama de relaciones y solidaridades
horizontales y verticales que se desarrollaban a partir de la propia acción militar y política y que alimentaban el
espíritu de cuerpo, dando prestigio a algunos de sus jefes por sobre otros y estableciendo vínculos entre oficiales
que favorecían el reconocimiento corporativo. Éste no era, sin embargo, excluyente.
En efecto, la mayoría de estos jefes y oficiales tenían, además de su historia militar, actuación política
y pública, como hombres de partido, legisladores y periodistas, entre otros. Por lo tanto, identificarlos –como se
ha hecho con frecuencia– simplemente como “militares” puede dar lugar a confusiones y anacronismos. En efecto,
los alcances y límites de esa profesión estaban todavía en definición. Pues si bien existía una carrera posible en el
Ejército y en la Guardia Nacional, más que de una formación profesional sistemática o de un escalafón jerárquico
estricto, ésta dependía sobre todo de la actuación en el campo de batalla y de las conexiones y lealtades políticopartidarias.
Esa carrera no era, por otra parte, incompatible con otras “profesiones”.
Esta situación puede, quizá, explicar otro rasgo común a muchos de los jefes: su identificación con la
fuerza no era corporativa y podía quedar subordinada a otras identidades. Así, por entonces nadie se sorprendía
frente a alineamientos fundados sobre identidades y lealtades políticas (y aun personales) que tenían precedente
sobre la carrera militar. Al mismo tiempo, y aunque pueda parecer paradójico, aquéllas con frecuencia se forjaban
o se fortalecían en el seno mismo de las instituciones armadas, pues el Ejército y la Guardia constituyeron espacios
de sociabilidad donde se construían y reproducían redes políticas. 10
9 Tulio Halperin Donghi, Proyecto y construcción de una nación (Argentina 1846-1880), Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1980; Oscar
Oszlak, op. cit.
10 Hilda Sabato, Buenos Aires en armas. La revolución de 1880, Buenos Aires, Siglo XXI, 2008.
CAPÍTULO 2 / 1862-1880 LA ORGANIZACIÓN NACIONAL Y LA MODERNIZACIÓN
HILDA SABATO - ¿Quién controla el poder militar? Disputas en torno a la formación del Estado en el siglo XIX
En suma, durante buena parte del siglo XIX las fuerzas militares fueron parte de la vida civil y política
argentina y no funcionaron como un estamento diferenciado del resto de la población. Sus jefes, aun en el
caso de los oficiales de carrera profesionales del ejército de línea, estaban asociados a otras actividades y se reconocían
en ellas. La identificación corporativa del “militar”, tan habitual en el siglo XX, resultó –por lo tanto– de
un desenvolvimiento posterior.
Ejército Nacional
Si hasta aquí hemos considerado a la Guardia y el ejército de línea como instituciones que tenían sus
propias lógicas de organización y funcionamiento, en las páginas que siguen atenderemos a su actuación en los
marcos de un único Ejército Nacional. En los años de la llamada “organización nacional”, éste se desempeñó principalmente
en tres frentes: interior, exterior y de frontera, y consumió parte importante del presupuesto del
gobierno nacional. En efecto, los gastos en el rubro “Guerra y Marina” superaron el 50% del total en los años de
mayor actividad de la década de 1860; bajaron para estacionarse en torno al 40% en la siguiente; después de un
pico del 47% en 1880, volvieron a disminuir a porcentajes en torno al 25% en el resto de esa década y aun más
en la siguiente. 11
En el primer frente, el interno, las disputas políticas incluyeron el despliegue de la fuerza como una
herramienta recurrente, pues la violencia (en ciertos formatos y con ciertas reglas) ocupaba un lugar aceptado en
la vida política del período. En ese marco, se observa que el derecho del ciudadano a resistir el despotismo fundamentó
muchas de las luchas del siglo XIX: según una concepción muy difundida en la época, cuando los gobernantes
abusaban del poder, el pueblo (los ciudadanos) tenía no sólo el derecho sino la obligación, el deber cívico,
de hacer uso de la fuerza para restaurar las libertades perdidas y el orden originario presumiblemente violado.
La mayor parte de las revoluciones de esas décadas se sostuvieron sobre esos principios. 12 Así, el cargo de
“despotismo” o “tiranía” fue usado por quienes por diversas razones (no siempre adjudicables a comportamientos
efectivamente “despóticos”) estaban disconformes con el gobierno local o nacional de turno y entendían que
podían (y debían) actuar en consecuencia por la vía armada. Según esa visión, correspondía a las milicias y la
Guardia Nacional un rol fundamental pues representaban a la ciudadanía en armas, rol que no dudaron en asumir
en levantamientos y revoluciones. Por su parte, si bien al ejército de línea le cabía en cambio el papel de brazo
armado del gobierno nacional, con frecuencia parte de sus efectivos figuraron entre las fuerzas que se levantaban
contra el orden imperante.
Así ocurrió en muchos de los levantamientos de la década de 1860, donde las “montoneras” funcionaron
como milicias y fueron encabezadas por quienes habían sido (y a veces seguían siendo) comandantes de
Guardias Nacionales y donde oficiales del ejército de línea podían aparecer en uno y otro lado de la trinchera,
según alineamientos regionales de complicada geografía. Esos enfrentamientos muchas veces se interpretaron
como conflictos entre un Estado central y fuerzas que se oponían a su creciente poder. La historiografía reciente,
sin embargo, analiza estas guerras en términos más complejos, ya que las alianzas políticas entre dirigentes
provinciales, regionales y “nacionales” muestran un escenario que no puede reducirse apenas a dos términos contrapuestos.
En dicho escenario, el Ejército Nacional estaba atravesado por brechas político-militares: no sólo la
Guardia no respondía necesariamente al mando central y dependía de los alineamientos provinciales y regionales,
sino que aun el ejército de línea, supuestamente bajo el comando del Presidente, muchas veces se encontraba
partido por rivalidades entre jefes que a su vez tenían lealtades previas a las que debían al Estado nacional. 13
11 Oscar Oszlak, op. cit., pp. 112-114.
12 Esta concepción –que reconocía también sus variantes– estaba en sintonía con algunos de los lenguajes políticos que circularon en
Hispanoamérica del siglo XIX; se vinculaba con viejas convicciones pactistas y de cuño iusnaturalista a la vez que se realimentaba en
nuevas combinaciones con motivos provenientes de las matrices liberal y republicana. Y se articulaba con otros conceptos clave como
los de representación y opinión pública (Elías Palti, El tiempo de la política. El siglo XIX reconsiderado, Buenos Aires, Siglo XXI, 2007).
13 Existe una abundante bibliografía sobre estos conflictos. Entre los más recientes, que han inspirado estas reflexiones, véanse en especial
María Celia Bravo, “La política ‘armada’ en el norte argentino. El proceso de renovación de la elite política tucumana”, en Hilda
Sabato y Alberto Lettieri (comps.), La vida política en la Argentina del siglo XIX. Armas, votos y voces, Buenos Aires, FCE, 2003; Tulio
Halperin Donghi, Proyecto y construcción..., op. cit.; Gustavo Paz, “El gobierno de los ‘conspicuos’: familia y poder en Jujuy, 1853-
1875”, en Hilda Sabato y Alberto Lettieri (comps.), op. cit.; y los textos reunidos en Beatriz Bragoni y Eduardo Míguez (comps.), Un
nuevo orden político. Provincias y Estado Nacional, 1852-1880, Buenos Aires, Biblos, en prensa.
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