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90 LA CONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA. EL ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS En el frente externo, el principal conflicto fue, como sabemos, la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. La Argentina movilizó para la ocasión su ejército de línea, que al comenzar la contienda tenía unos 6.500 hombres, a la vez que convocó a una parte de la Guardia Nacional hasta completar unos 25.000 hombres en total. Las tropas argentinas tuvieron su compromiso más fuerte en los primeros años ya que, hacia el final, sólo quedaban unos 4.000 efectivos en ese frente. La guerra fue larga, costosa en hombres y recursos, y muy controvertida desde el principio. Si bien el gobierno de Mitre inicialmente recibió apoyos de diferentes sectores, incluso de quienes en Buenos Aires se presentaron entusiasmados como voluntarios, también encontró resistencias fuertes que, a medida que el gobierno nacional presionaba por reclutar, se convirtieron en rebelión activa en distintos lugares del país. Guardias nacionales de varias provincias se opusieron por fuerza a la movilización y parte de los efectivos de línea y guardias de otras provincias fueron asignados a reprimir esas resistencias. Mientras tanto, en el frente paraguayo la situación era muy difícil, y si bien a la larga los aliados salieron triunfantes militarmente, los costos humanos y materiales fueron altísimos. Desde el punto de vista militar, sin embargo, los historiadores han coincidido en señalar que la guerra fortaleció al Ejército Nacional como institución y en consecuencia, contribuyó a consolidar el Estado. Al transformar un conflicto que inicialmente era de índole partidaria en un enfrentamiento entre naciones, la guerra generó nuevas alianzas y lealtades no sólo entre la oficialidad sino aun entre la tropa. También, al poner a prueba el aparato militar en una contienda de envergadura, fortaleció las relaciones de mando y obediencia, redibujó jerarquías, y creó nuevos liderazgos internos. Finalmente, la represión de los rebeldes contribuyó a debilitar en gran medida la capacidad de resistencia de las fuerzas de varias provincias, en especial en las regiones del NOA y del Litoral. 14 Desde el punto de vista político, por su parte, si bien Mitre y su partido quedaron muy golpeados por las vicisitudes de la guerra y por las críticas que despertó su accionar, el alineamiento del gran líder federal Urquiza con el gobierno nacional abrió paso a una nueva etapa política. La presidencia de Sarmiento fue, en ese sentido, un momento clave, no sólo porque su candidatura se desmarcó de los clivajes tradicionales entre liberales y federales, sino porque, además, una vez en el poder se ocupó de tomar medidas destinadas a modificar la organización militar vigente en pos de una mayor centralización y del reforzamiento y la jerarquización del ejército de línea. En consonancia con ello, buscó debilitar la autonomía con que las autoridades provinciales manejaban la Guardia Nacional y afirmar su subordinación al poder central. El tercer terreno de acción fue la frontera con las sociedades indígenas. La existencia de territorios de contacto y de disputa con diferentes naciones indígenas venía de larga data. En las décadas que nos ocupan, el gobierno central y los de provincia continuaron manteniendo fronteras móviles con dichas naciones, y relaciones que alternaban la negociación y la confrontación. Dentro del amplio espectro de acciones que los gobiernos desplegaban en ese sentido, las militares eran recurrentes. Para operar en ese terreno, recurrían tanto a fuerzas del ejército de línea como de la Guardia; estas últimas inicialmente correspondían a las provincias con frontera en disputa, pero a partir de 1870 se dispuso que todas las provincias tendrían que contribuir a ese esfuerzo. Hemos mencionado ya las resistencias y las protestas que hubo en torno a la movilización de milicias en la frontera y a los abusos a que dio lugar ese sistema, que fue materia de controversia política permanente. Más que detallar esas fricciones me interesa, en cambio, marcar un punto de inflexión en la política fronteriza: la que tuvo lugar con la decisión de ocupar militarmente los territorios de la Patagonia y el Chaco. La campaña de ocupación implicó un importante cambio en la política hacia las sociedades indígenas, por parte de un gobierno que buscaba fortalecer el poder central, controlar efectivamente el territorio que consideraba bajo su soberanía y reducir a la obediencia a quienes se opusieran a la potestad estatal. El presidente Avellaneda estuvo dispuesto a otorgar al Ejército Nacional la dosis de poder necesaria para alcanzar esos objetivos, un ejército más centralizado, modernizado y disciplinado que el de las décadas anteriores. A su vez, esa guerra colocó a la institución en un lugar de gran visibilidad, y el éxito obtenido (en relación con los objetivos planteados) le dio prestigio no sólo a la fuerza sino también a sus jefes, en especial a Julio Roca, quien a pesar de su alto perfil profesional, operó también, y muy activamente, en el terreno político y pronto se lanzó a la candidatura presidencial. 14 Tulio Halperin Donghi, Proyecto y construcción..., op. cit.; Oscar Oszlak, op. cit. CAPÍTULO 2 / 1862-1880 LA ORGANIZACIÓN NACIONAL Y LA MODERNIZACIÓN HILDA SABATO - ¿Quién controla el poder militar? Disputas en torno a la formación del Estado en el siglo XIX Frente a ese Ejército aparentemente cohesionado luego de la llamada “Campaña del Desierto” podría pensarse que los días de la fragmentación militar habían terminado. Sin embargo, como veremos, la modernización no alcanzó para acabar con los conflictos que involucraban tanto disputas partidarias como principios políticos. Así, poco después se desató una contienda que mostró hasta qué punto aquella fragmentación seguía vigente. La revolución de 1880 En el año 1880 los argentinos debían elegir presidente de la República. Luego de varios meses de discusiones y negociaciones en torno a las candidaturas, dos nombres quedaron en firme: los de Julio A. Roca, ministro de Guerra, y Carlos Tejedor, gobernador de la provincia de Buenos Aires. La disputa que siguió involucró no sólo las movilizaciones habituales en tiempos de elección, sino también conflictos violentos en varios lugares del país y una última confrontación armada en Buenos Aires. A poco de iniciada la carrera electoral, Tejedor anunció que su provincia no aceptaría la imposición de una candidatura “gubernativa” y que iniciaría la “resistencia”. Convocó, entonces, a la Guardia Nacional a ejercicios doctrinales. El gobierno nacional, en la persona de su ministro del Interior, Domingo F. Sarmiento, respondió de inmediato: las provincias no tenían potestad para movilizar la Guardia, que reclutaba ciudadanos pero servía de reserva a las fuerzas regulares y debía responder a éstas. El gobernador, sin embargo, insistió en sus prerrogativas y decidió, además, apelar a la población civil para que se nucleara en torno de cuerpos de voluntarios, según el viejo modelo de las milicias. El gobierno nacional, en cambio, volvió a reclamar para sí el monopolio de la fuerza, tomando la iniciativa de elevar un proyecto de ley al Congreso referido a la Guardia Nacional. Allí se establecía que ésta “no podrá ser convocada por las autoridades provinciales, ni aún para ejercicios doctrinales, sino por orden del P. E. de la Nación” y se ordenaba licenciar inmediatamente todos los batallones provinciales. En el gabinete hubo desacuerdos, pero de todas maneras, el proyecto pasó al Congreso, con un mensaje presidencial donde se afirmaba que el régimen federal no admitía otras fuerzas que no fueran las de la Nación. También en la Legislatura de Buenos Aires se trató un proyecto en el mismo sentido. 15 Se pusieron así en escena diferentes concepciones acerca de la organización y el control sobre los recursos militares y del papel que el Estado nacional y las provincias debían tener en relación con el uso legítimo de la fuerza. La posición del presidente Avellaneda y del candidato Roca se fundaba sobre una concepción fuertemente centralista en la materia. Los rebeldes porteños, en cambio, se oponían a la concentración del poder de fuego en el ejército profesional y abogaban por una distribución de ese poder entre éste y las milicias, institución que representaba a la vez a las autonomías provinciales y a la ciudadanía en armas. Esta postura no sólo era sostenida por Tejedor y sus amigos políticos, sino también por muchos de sus adversarios que, como Leandro Alem, si bien se opusieron a la rebelión encabezada por el gobernador, no coincidían con los centralizadores en que la convocatoria a la Guardia fuera prerrogativa del gobierno nacional. Finalmente, los proyectos centralistas no fueron aprobados ni en la Legislatura de la provincia ni en el Congreso. Y si en ambos casos sus miembros introdujeron medidas para frenar a Tejedor y la revolución en Buenos Aires, no estuvieron dispuestos, en cambio, a suscribir la doctrina del Ejecutivo Nacional que retaceaba la potestad de las provincias y sus gobernadores en relación con las milicias. Todas estas discusiones revelan que hacia 1880 no había consenso respecto a la completa centralización del poder militar en manos del gobierno nacional. La controversia se dio sobre todo en relación con el grado de control que las autoridades de provincia debían tener sobre la Guardia Nacional, pero remitía a una cuestión más amplia acerca de cómo concebir el poder del Estado. Finalmente, esta controversia no se dirimió a través de las palabras, sino de las armas. Poco tiempo después de la sanción de esas leyes, los rebeldes porteños movilizaron de todas maneras la Guardia Nacional de la provincia y los batallones voluntarios de milicias. Contaron para ello no sólo con el apoyo creciente de la población de Buenos Aires sino con la colaboración de varios prestigiosos oficiales del ejército de línea. Si bien ellos habían participado de campañas militares encabezadas por el propio Roca, en esta ocasión pidieron la baja de la institución para poder liderar las tropas porteñas en su resistencia a la “imposición” 15 Hilda Sabato, “Milicias, ciudadanía y revolución...”, op. cit.; Buenos Aires en armas..., op. cit 91
92 LA CONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA. EL ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS de la candidatura del General apoyada por el gobierno nacional. Éste, por su parte, preparó su defensa convocando a los regimientos de línea y a la Guardia de varias provincias, los que en junio de 1880 se impusieron a los revolucionarios en sangrientos combates a las puertas de la ciudad. A esa derrota militar siguió la derrota política, con consecuencias de largo plazo para la organización de la República. Entre las primeras medidas adoptadas por el flamante gobierno del presidente Roca estuvo la ley promulgada el 20 de octubre de 1880 que prohibió “a las autoridades provinciales formar cuerpos militares bajo cualquier denominación que sea”. Modelos Así terminaba una larga historia de ambigüedades y controversias en torno a la organización militar y al control del uso legítimo de la fuerza. Aunque después de ese año de 1880 hubo otras revoluciones y la Guardia Nacional, en varios casos, volvió a actuar con autonomía del centro, el criterio dominante a partir de entonces privilegió la concentración efectiva del poder militar. Durante décadas, ese modelo había competido en desventaja con uno diferente, que pretendía un sistema menos vertical y más fragmentado, en el que ese poder fuera compartido entre el gobierno nacional y los provinciales. El primero implicaba el fortalecimiento del ejército de línea, formado por soldados profesionales, mientras que el segundo insistía en la necesidad de preservar la institución de la milicia basada en el principio de la ciudadanía armada. Si bien resulta sin duda excesivo ver en las propuestas que se enfrentaron en el año 1880 la expresión de dos modelos alternativos de Estado y de república, lo cierto es que pusieron de manifiesto que había maneras diferentes de pensar la defensa, el uso de la fuerza y la concentración del poder de coerción. 16 También, el lugar de los ciudadanos en la vida política. El desenlace del año 1880 resultó en el predominio de una sobre otra. No se trató, sin embargo, del resultado lineal de un proceso progresivo de formación del Estado, sino del triunfo de un tipo de Estado y de un estilo de república por sobre otros posibles, que estuvieron en juego durante varias décadas. Esa afirmación estatal encontró todavía impugnaciones en las décadas finales del siglo, que si no pudieron poner en jaque la preponderancia ya establecida del gobierno central en materia militar, generaron enfrentamientos y perturbaciones no siempre fáciles de controlar. La solución definitiva ocurrió poco después, a partir de la modificación radical del sistema en su conjunto. La instauración del servicio militar obligatorio y la constitución de un ejército con mandos profesionales y tropa de reclutas fueron las bases de un nuevo modelo de defensa que regiría en la Argentina durante casi todo el siglo XX. BIBLIOGRAFÍA BRAGONI, Beatriz y Eduardo Míguez (comps.), Un nuevo orden político. Provincias y Estado Nacional, 1852-1880, Buenos Aires, Biblos, en prensa. BRAVO, María Celia, “La política ‘armada’ en el norte argentino. El proceso de renovación de la elite política tucumana”, en Hilda Sabato y Alberto Lettieri (comps.), La vida política en la Argentina del siglo XIX. Armas, votos y voces, Buenos Aires, FCE, 2003. CANSANELLO, Carlos, De súbditos a ciudadanos. Ensayo sobre las libertades en los orígenes republicanos. Buenos Aires, 1810-1852, Buenos Aires, Imago Mundi, 2003. 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