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LA CONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA. EL ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS
CAPÍTULO 2 / 1862-1880 LA ORGANIZACIÓN NACIONAL Y LA MODERNIZACIÓN
HILDA SABATO - ¿Quién controla el poder militar? Disputas en torno a la formación del Estado en el siglo XIX
Las fuerzas regulares también tenían su historia. Como hemos dicho, las hubo durante la colonia, las
guerras de independencia y después. En la década de 1850, el presidente Urquiza propuso un ejército para la
Confederación, pero apenas contó con el que había formado en Entre Ríos para dotar sus filas. Y cuando
Bartolomé Mitre llegó a la presidencia de la República en 1862, hizo algo parecido: a partir de la estructura militar
de Buenos Aires sentó las bases del ejército de línea. En las décadas siguientes, ese nuevo ejército, ampliado
para incorporar reclutas y oficiales de diferentes lugares del país, actuó en distintos frentes, desde la defensa de
las fronteras y la represión de levantamientos armados contra el poder central, hasta la Guerra de la Triple
Alianza contra el Paraguay y la campaña de ocupación de la Patagonia y el Chaco. Desde el gobierno nacional se
hicieron esfuerzos por reglamentar la carrera militar y formar a los oficiales, así como por dotar de recursos y
equipar a las fuerzas. Hacia 1880, este ejército contaba con una tropa regular de cerca de 10.000 hombres, con
una estructura jerárquica establecida, con una organización que cubría todo el territorio, y con equipamiento a
la altura de los tiempos.
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En casi todas las instancias en que intervino el ejército de línea, también lo hizo la Guardia Nacional.
Pero la coexistencia entre ambas instituciones no fue fácil, pues si bien cada una de ellas tenía fines específicos
definidos por la legislación, en la práctica éstas se superponían. Representaban, además, dos modelos diferentes
de organización militar –en términos de su composición, estructura y funcionamiento– y de concebir la defensa
y el poder del Estado. Esta convivencia perduró, con algunos cambios, hasta finales de siglo cuando se instauró
un tercer modelo (inicialmente esbozado en las leyes de 1894 y de 1895, y más tarde confirmado por la ley de 1901)
basado en la conscripción obligatoria para el reclutamiento de soldados, bajo el mando de oficiales y suboficiales
profesionales.
La Guardia Nacional
En el diseño institucional del Ejército Nacional la existencia de una fuerza profesional se combinaba,
entonces, con una reserva que si bien debía responder al mismo comando, en la práctica estaba descentralizada:
la Guardia Nacional. Ésta representaba, además, la “ciudadanía en armas” y ocupaba un lugar material y simbólico
diferente al del ejército de línea. Por una parte, la Guardia se consideró un espacio legítimo de participación
ciudadana y se convirtió en un actor político fundamental. Las redes militares y políticas tejidas en torno a ella
jugaron papeles destacados en las luchas por el poder, tanto en tiempos electorales como de revolución. Por otra
parte, desde el punto de vista simbólico, las milicias figuraron desde muy temprano en el discurso patriótico
argentino. La actuación de los regimientos coloniales de Buenos Aires contra los ingleses primero y algo más
tarde en la Revolución de Mayo se convirtió en una referencia mítica en la historia de la República. La “virtuosa
milicia” estaba integrada por ciudadanos libres con la obligación de portar armas en defensa de su patria, una
obligación que era a su vez un derecho, un deber y hasta un privilegio. Tal fue la retórica oficial en torno a las
milicias y más tarde a la Guardia Nacional, pero ella también formó parte del imaginario colectivo de amplios sectores
de la población que se identificaban con el papel del ciudadano armado y conocían las diferencias simbólicas
y prácticas entre esa figura y la del soldado de línea. 8
provinciales. Ambas instituciones tenían funciones diferentes y, sobre todo, representaban dos formas distintas
de entender el poder de coerción del Estado.
Esta dicotomía no era una novedad argentina ni latinoamericana. La convicción de que la defensa de
la República tanto de los enemigos externos como internos correspondía a los propios ciudadanos, y que encomendarla
a un ejército profesional abría las puertas a la corrupción y la tiranía se remonta a las repúblicas clásicas.
Ese principio, sin embargo, se vio con frecuencia impugnado por quienes sostuvieron la conveniencia y mayor
eficiencia de contar con profesionales para la guerra. Esta diferencia de criterios abrió paso al ensayo de distintas
soluciones. En nuestras tierras, en el siglo XIX se recurrió a una combinación de los dos sistemas –cuerpos regulares
y milicias–, lo que dio lugar a una coexistencia generalmente conflictiva. Sólo a fines del siglo, el predominio
de las posturas centralistas llevó a privilegiar el fortalecimiento de los primeros en detrimento de las segundas,
para asegurar así el monopolio estatal del uso de la fuerza.
En Hispanoamérica, la institución de la milicia se remonta a los tiempos de la colonia, cuando la
Corona española, que mantenía fuerzas regulares en sus territorios, también fomentó la creación de batallones
integrados por los habitantes de cada lugar para la defensa local. En el Río de la Plata, estas milicias se organizaron
de manera más sistemática a partir de 1801, cuando se estableció que todos los varones adultos con domicilio
establecido, debían integrarlas. Apenas unos años más tarde, en 1806 y 1807, sus batallones –engrosados por
miles de voluntarios– jugaron un papel clave en la derrota de los ingleses en su intento de ocupar Buenos Aires.
Así, mientras la figura del soldado profesional y pago se asociaba con frecuencia a la del mercenario,
la del miliciano, en cambio, portaba el aura del ciudadano. A esa distinción clásica de resonancias republicanas,
se sumaba una connotación de índole social o sociocultural. El soldado profesional se asimilaba al pobre que
exija [la] ejecución de las leyes de la Nación, ó sea necesario contener insurrecciones ó repeler invasiones. Disponer la organización,
armamento y disciplina de dichas milicias y la administración y gobierno de la parte de ellas que estuviese empleada en servicio de la
Nación, dejando á las provincias el nombramiento de sus correspondientes jefes y oficiales y el cuidado de establecer en su respectiva
milicia la disciplina prescripta por el Congreso”.
7 Oscar Oszlak, La formación del Estado argentino. Orden, progreso y organización nacional, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982,
caps. 1 y 2. Entre 1863 y 1881 el ejército regular se componía de doce batallones de infantería, doce regimientos de caballería y tres
unidades de artillería (Comando en Jefe del Ejército, Reseña histórica y orgánica del Ejército Argentino, Buenos Aires, Círculo Militar, 1971).
8 Hilda Sabato, La política en las calles. Entre el voto y la movilización. Buenos Aires, 1862-1880, Buenos Aires, Sudamericana, 1998 (2ª
edición, 2004); “El ciudadano en armas: violencia política en Buenos Aires (1852-1890)”, en Entrepasados, Nº 23, Buenos Aires, 2002;
“Milicias, ciudadanía y revolución: el ocaso de una tradición política. Argentina, 1880”, en Ayer. Revista de Historia Contemporánea,
Nº 70, Madrid, 2008.
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Las milicias habían llegado para quedarse. Su presencia resultó clave durante la Revolución de Mayo
y a partir de entonces quedarían asociadas a la aventura que se iniciaba, la de la ruptura del orden colonial y de
construcción de formas republicanas de gobierno. Por entonces, la institución pasó a considerarse un pilar de la
comunidad política fundada sobre la soberanía popular. 4 Y si bien después de la Revolución, las necesidades que
impuso la guerra llevaron a privilegiar la formación de cuerpos profesionales, algo más tarde las milicias fueron
reapareciendo tanto en Buenos Aires como en otras ciudades del antiguo virreinato y fueron reguladas por el
Reglamento Provisorio de 1817, dictado por el Congreso de las Provincias Unidas. Cuando en 1820 cayó el gobierno
central, las provincias mantuvieron el sistema de milicias ajustado a las disposiciones de aquel reglamento.
Después de Caseros, y del dictado de la Constitución en 1853 que organizó la República, el gobierno
de la Confederación Argentina intentó nuevamente la creación de Fuerzas Armadas a escala nacional, a las cuales
debían contribuir todas las provincias. Se estableció así la formación de un Ejército Nacional integrado por el
ejército de línea, de carácter profesional; las milicias provinciales, para garantizar el orden local, y una nueva institución,
la Guardia Nacional, sobre el principio de la ciudadanía en armas. La creación de ésta daba carácter
nacional a una institución que, como la milicia, había sido hasta entonces netamente local. De acuerdo con la
nueva legislación, de 1854: “Todo ciudadano de la Confederación Argentina desde la edad de 17 años hasta los
60 está obligado a ser miembro de alguno de los cuerpos de Guardias Nacionales”. 5 Aunque la organización de
esos cuerpos quedaba a cargo de los gobiernos provinciales, dependían del poder central y, como fuerzas de
reserva, debían auxiliar al ejército de línea cuando les fuera requerido por las autoridades nacionales. Sin embargo,
con frecuencia las provincias manejaron esos recursos militares con bastante autonomía. 6
3 Tulio Halperin Donghi, Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina criolla, Buenos Aires, Siglo XXI, 1972; y
“Militarización revolucionaria en Buenos Aires, 1806-1815”, en Tulio Halperin Donghi (comp.), El ocaso del orden colonial en
Hispanoamérica, Buenos Aires, Sudamericana, 1978; Gabriel Di Meglio, “Milicia y política en la ciudad de Buenos Aires durante la
Guerra de Independencia, 1810-1820”, en Manuel Chust y Juan Marchena (eds.), Las armas de la nación. Independencia y ciudadanía
en Hispanoamérica (1750-1859), Madrid, Iberoamericana, 2007; y ¡Viva el pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la política
entre la revolución y el rosismo, Buenos Aires, Prometeo, 2007; Carlos Cansanello, De súbditos a ciudadanos. Ensayo sobre las libertades
en los orígenes republicanos. Buenos Aires, 1810-1852, Buenos Aires, Imago Mundi, 2003.
4 Los ejemplos de Estados Unidos y Francia fueron importantes en ese sentido. El derecho del ciudadano a portar armas en defensa de
su patria fue uno de los pilares del modelo político anglosajón, incorporado a la constitución de los Estados Unidos en su segunda
enmienda. En la Francia revolucionaria, la Guardia Nacional se consideró “la soberanía nacional en acto, la expresión visible y armada
de la nueva fuerza opuesta al absolutismo real” y se asoció con la ciudadanía. Existe abundante bibliografía sobre estos casos.
Véanse, entre otros, Edmund Morgan, Inventing the People. The Rise of Popular Sovereignty in England and America, Nueva York y
Londres, Norton, 1988; y Pierre Rosanvallon, Le sacré du citoyen, París, Gallimard, 1992.
5 Registro Oficial de la República Argentina, tomo III, 1883, p. 109.
6 Flavia Macías, “De ‘cívicos’ a ‘guardias nacionales’. Un análisis del componente militar en el proceso de construcción de la ciudadanía.
Tucumán, 1840-1860”, en Manuel Chust y Juan Marchena (eds.), Las armas de la nación. Independencia y ciudadanía en
Hispanoamérica (1750-1859), Madrid, Iberoamericana, 2007. El artículo 67º, inciso 24, de la Constitución Nacional de 1853 establecía
entre las facultades del Congreso Nacional: “Autorizar la reunión de la milicia de todas las provincias o parte de ellas, cuando lo