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SUP-JRC-189/2002
Yucatán, a través de su escrito del cuatro de octubre del año en
curso, toda vez que la limitante que se establece en el artículo
86, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativa a que la
reparación sea factible antes de la fecha constitucional o
legalmente prevista para la instalación de los órganos o la toma
de posesión de los funcionarios electos, se refiere únicamente a
los órganos y funcionarios que son electos en los comicios que
se celebran para renovar a los poderes públicos, concretamente
el legislativo y el ejecutivo, en el ámbito local o municipal, es
decir, se refiere a que los ciudadanos electos no hayan tomado
posesión o los órganos formados con motivo del proceso
electoral respectivo hayan tomado posesión, por lo que, es
claro, que en el presente asunto no opera dicha limitante,
puesto que en el caso concreto se refiere a la integración del
organismo público que precisamente se encargará de la
organización de las elecciones locales.”
La designación de los magistrados por parte de la legislatura
LXIX en el Estado de Nuevo León, son actos propios de la
organización y preparación de las elecciones, por tanto, cuando
observamos que los mismos no están apegados de manera
completa a las disposiciones normativas en materia electoral,
entonces, ello constituye una infracción que afecta no sólo a los
partidos políticos contendientes, sino también a la sociedad en
su conjunto, quien al igual que los partidos necesita tener
certeza de que su sufragio será plenamente respetado por los
órganos encargados tanto de la organización de las elecciones
en el Estado como de aquellos que tienen la responsabilidad de
resolver en su oportunidad los medios de impugnación que se
promuevan, salvaguardando la legalidad de los actos y en sí de
todos los principios rectores del proceso electoral a que deben
estar sujetas las actuaciones de las autoridades electorales
administrativas y jurisdiccionales, incluyendo, por supuesto, los
actos emitidos por ellas; esto es así, ya que al no estar
garantizada esta circunstancia respecto de las autoridades
jurisdiccionales (magistrados electorales) por haber sido
designadas con un vicio de origen, generan, como
consecuencia lógica, que sus actos y resoluciones sean
inconstitucionales e ilegales, las cuales, sin duda, favorecerán a
una de las partes en el proceso electoral, propiciando una
incertidumbre e inseguridad jurídica a los partidos políticos
como el Revolucionario Institucional y a los ciudadanos que
pretendan participar en el proceso electoral.
Tal circunstancia ha sido adoptada por este H. Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la siguiente
Tesis de Jurisprudencia:
AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES ENCARGADAS
DE ORGANIZAR LAS ELECCIONES O DE RESOLVER LAS
CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS COMICIOS