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SUP-JRC-189/2002
garantizara a los participantes ni al propio Congreso Estatal su
validez, lo procedente es declarar fundado el agravio esgrimido.
No pasa desapercibido que, el dictamen que elabora la
Comisión de Gobierno y Organización Interna de los Poderes
del Congreso de Nuevo León, en términos de lo previsto en los
artículos 7, 8, 37, 39, fracción 1, inciso b), 47, 48, 49, 53, 106,
108 y 112, todos del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso de dicho Estado, por su naturaleza, sólo constituye un
acto instrumental, por cuanto es una actuación que tiende a
proporcionar al órgano resolutor, los elementos técnicos básicos-
necesarios para arribar a una determinación o acuerdo
legislativo, a través de una opinión que únicamente sirve de
base para la deliberación en el seno de la legislatura local, en la
medida de que contiene las conclusiones del procedimiento de
revisión de las solicitudes presentadas por los ciudadanos en
las propuestas de magistrados electorales, y de las
consideraciones por las cuales se rechazan o se admiten éstas,
cuya determinación sería en todo caso, de carácter
eminentemente informativo, que no vincularía al Congreso
Estatal, en su decisión final, ya que para tal efecto, en todo
caso, se requeriría del consenso o bien de una mayoría
calificada de votos de los integrantes de la legislatura, incluso
admitiría su resolución mediante un proceso de insaculación,
para que la designación de magistrados pudiera ser
considerada como acuerdo producto del examen de la
información detallada y comprobada de cada uno de los
candidatos a ocupar el cargo de magistrados, o resolución del
asunto concreto sometido a su consideración, de manera que,
admitiría la posibilidad de que se presentaran propuestas