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SUP-JRC-189/2002
a los derechos fundamentales al cerrar la jurisdicción ordinaria
a los partidos políticos y gobernados, al abandonar a las partes
que protege y a los procesos electorales temporalmente,
aunque no pasa por alto que la jurisdicción extraordinaria de
esta Sala Superior se mantendría abierta, la suspensión de la
jurisdicción ordinaria mermaría considerablemente el derecho
de acceso efectivo e inmediato a la justicia.
Se puede considerar que estos principios, están recogidos
en la legislación mexicana, respecto de las acciones de
inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, que
tienen sus bases constitucionales en el artículo 105, fracciones I
y II, de la Constitución.
En efecto, el propio artículo 105, penúltimo párrafo, de la
Constitución, prevé que la declaración de invalidez de las
resoluciones a que se refieren las fracciones I y II, de este
artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal,
en la que regirán los principios generales y disposiciones
legales de esta materia, y por otra parte, en el artículo 45 de la
Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105
constitucional, se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para que determine la fecha en la que producirán sus
efectos las sentencias, precisando que la declaración de
invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, esto
es, aquí no se sigue la consecuencia tradicional de otros actos
como son los civiles, de que la nulidad tenga como
consecuencia la destrucción del acto con efectos retroactivos,
sino que se autoriza al máximo tribunal para que pondere las
consecuencias que puede generar la falta del ordenamiento