sup-jrc-189/2002 actor - Jurisprudencia y Tesis Aisladas IUS ...

36
SUP-JRC-189/2002
tienen plena relación (comprobada la excusa que los diputados
Arturo Salinas Garza y Américo Alejandro Ramírez Rodríguez,
hicieron de manera explicita ante el Pleno de la Legislatura) con
dos diputados pertenecientes al grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional en la Cámara de Diputados del Estado de
Nuevo León, los cuales “casualmente” obtuvieron su dictamen
aprobatorio, primero en la Comisión de Gobernación y
Organización Interna de los Poderes, segundo, en el Pleno de
la Legislatura, quienes fueron únicamente designados e
insaculados por los legisladores de acción nacional. (sic)
Todas las autoridades están sujetas a fundar y motivar sus
actos, así como a garantizar la seguridad jurídica de los
gobernados, hechos que no fueron tomados en cuenta por la
autoridad responsable en ningún momento. La garantía de
legalidad rige para todos y cada uno de los actos que al efecto
se apliquen con efectos generales y, en particular, para
aquellos quienes participan como entidades de interés público
en el proceso electoral.
En ese sentido, es claro que la aprobación de un dictamen que
era correspondiente, únicamente, a los registros de aquellos
casos que cumplieran cabalmente con los requisitos de ley, y
no a los que incluyera una propuesta de designación de
magistrados, es inválido y en consecuencia nulo, nulidad que
acarrea la ilegalidad del Acuerdo número 363 publicado en el
Diario Oficial del Estado.
El hecho de que el Presidente de la Mesa Directiva de la
legislatura del Estado pretendiera, per fast et nefas (por todos
los medio posibles o en una segunda acepción por lo lícito o
ilícito) designar únicamente a los cinco miembros de que
hablaba el dictamen, constituye una circunstancia que es
trascendente para el desarrollo del proceso electoral, máxime
cuando se trata de integrar a uno de los órganos del Estado
encargado de salvaguardar la legalidad de los actos y la
preservación de los principios rectores en materia electoral,
factores que se ven trastocados por una ilicitud en la
designación de los ciudadanos que los conforman, los cuales
no aseguran por ningún medio, dado el modo y la forma en que
fueron designados, que eso se cumpla cabalmente.
Ahora bien, por imperativo de lo dispuesto en el principio
constitucional de legalidad electoral, con sus consabidos
desdoblamientos que obligan a la autoridad a fundar y motivar
debidamente sus actos, así como lo previsto en los principios
constitucionales de certeza y objetividad, resulta que al no ser
observados esos factores mínimos en la revisión y resolución
de los expedientes de los aspirantes, es que este Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación debe considerar la
necesidad de obligar al Congreso del Estado a cumplir
cabalmente con el procedimiento previsto a nivel constitucional