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SUP-JRC-189/2002
hasta la etapa casi final de la decisión de los recursos y el paso
definitivo de la calificación electoral. En ningún momento el
proceso electoral debe abandonar el cauce legal. Debemos
evitar de una vez y para siempre que los conflictos
postelectorales se diriman al margen del derecho y que se
destierren las negociaciones cupulares que negocian, al
margen de la voluntad ciudadana, los votos emitidos.
En estos momentos, cuando efectivamente se trata de someter
al derecho y a la revisión de los tribunales el acceso al poder
además de su ejercicio, se pretende completar el círculo que
delimita la legitimidad y la legalidad democráticas. El poder al
que se le exige legitimidad por el origen y legitimidad en el
ejercicio, las consigue mediante el sometimiento a la
legalidad, misma que garantiza la justicia en los procesos de
acceso al poder y la democraticidad de los mismos. Por ello
mismo, se busca que el principio de legalidad quede
plenamente incorporado a nuestra legislación electoral.
En este sentido, las propuestas que contiene la iniciativa que
hoy se dictamina representan un avance trascendental para la
consolidación de una verdadera justicia electoral. Por principio
de cuentas, se incorpora plenamente el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación y lo hace como un órgano
especializado del mismo y a sus integrantes se les dará el
mismo tratamiento que a los demás integrantes de este poder.
Conforme con lo antes expuesto, al establecerse en el artículo
99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que al Tribunal Electoral le
corresponde resolver, en forma definitiva e inatacable, en los
términos de la Constitución y según lo disponga la ley, sobre las
impugnaciones de actos o resoluciones definitivas y firmes de
las autoridades competentes de las entidades federativas para
organizar y calificar los comicios, que puedan resultar
determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el
resultado final de las elecciones, debe interpretarse en forma
amplia y no limitada, pues no proceder así implicaría ir en
contra del propósito perseguido por el poder revisor de la
Constitución, al realizar las reformas constitucionales en
materia electoral en MIL NOVECIENGTOS NOVENTA Y SEIS,
EN EL SENTIDO DE SUJETAR CUALQUIER ACTO RELATIVO
A LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS
ELECCIONES PARA RENOVAR a los poderes públicos, tanto
federales como locales, al principio de legalidad, y para lo cual
es necesario que, en caso de existir una posible irregularidad, la
misma sea sometida al conocimiento del órgano jurisdiccional
correspondiente a efecto de que exista pleno respecto del
mismo. En este sentido, es importante tener presente que en
dicho dictamen expresamente se evidencia el propósito de que
respecto de “todas aquellas medidas encaminadas a la
realización de la democracia representativa” (por lo cual es