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SUP-JRC-189/2002
se persigue de promover la participación de la sociedad en la
vida democrática, a través del voto libre, directo y secreto,
mismo que estará condicionado, en un momento dado a que,
de ser impugnado por una probable irregularidad ante la
instancia que no garantiza la legalidad y la imparcialidad en su
función, en razón de estar plenamente identificadas a favor de
un diverso partido político que fue quien lo designó de manera
exclusiva, ello redundaría en el no respeto al ejercicio del
sufragio.
Este H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
ha señalado en la sentencia emitida en el expediente SUP-JRC-
487/2000 y su acumulado que “…los elementos fundamentales
de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser
imprescindible para que una elección se considere producto del
ejercicio popular de soberanía, dentro del sistema jurídicopolítico
construido en la Carta Magna y en las leyes electorales
estatales, que están inclusive elevadas a rango constitucional, y
son imperativos, de orden público, de obediencia inexcusable y
no son renunciables. Dichos principios son, entre otros, las
elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal,
libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos
políticos y sus campañas electorales prevalezcan los recursos
públicos sobre los de origen privado; la organización de las
elecciones a través de un organismo público y autónomo;
la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
objetividad como principios rectores del proceso electoral,
el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de
los partidos políticos a los medios de comunicación social, el
control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y
resoluciones electorales.”
Por otra parte, la fracción III del artículo 116 de la Constitución
Federal de la República, establece “…El Poder Judicial de los
Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las
Constituciones respectivas … La independencia de los
magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones
deberá estar garantizada por las Constituciones y las leyes
Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las
condiciones para el ingreso, formación y permanencia de
quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.”; luego
entonces, si observamos que la conformación del actual
Tribunal Estatal Electoral está alejada de este requisito
constitucional básico, dado que derivó de un procedimiento
viciado, sujeto a la aplicación inadecuada de la mayoría que
está representada en el Congreso, es claro, que los
magistrados designados no actuarán independientemente, dado
que todos, sin duda, fueron votados por los legisladores del
Partido Acción Nacional y designados de manera irregular, a
través de una insaculación que tuvo verificativo sin que para
ello se agotaran los dos momentos previos relativos al
consenso y a las terceras partes.