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SUP-JRC-189/2002
consejeros electorales locales, mismo que en su parte
conducente sostiene:
CONSIDERANDO
PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación es competente para conocer y
resolver el presente medio de impugnación en materia electoral,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 99, párrafo
cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I,
inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, así como 4 y 87 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que
se trata de un juicio de revisión constitucional electoral
promovido por un partido político en contra de la resolución de
un Congreso local que actuó como autoridad electoral de una
entidad federativa, a efecto de integrar al órgano competente
para organizar y calificar los comicios locales.
En efecto, el acto que se impugna consiste en la ratificación de
los actuales consejeros ciudadanos y del secretario técnico del
Consejo Electoral del Estado de Yucatán hasta por un periodo
electoral más, la cual fue realizada por el Congreso de la
referida entidad federativa, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 86 del Código Electoral del Estado de Yucatán, lo que
implica que la actuación del órgano legislativo local es un acto
materialmente administrativo de carácter electoral, lo cual cabe
dentro del ámbito material de validez de las disposiciones
citadas, como se razona a continuación.
En primer término, es necesario señalar que se reconoce
ampliamente tanto por la jurisprudencia del poder judicial
federal como por la doctrina, que los poderes públicos realizan
actos que pueden ser considerados desde dos puntos de vista:
Uno formal y otro material. El primero, el formal, atiende a la
naturaleza propia del órgano que emite el acto, en tanto que el
segundo, el material, atiende a la naturaleza intrínseca del
propio acto, a afecto de considerarlo administrativo, legislativo o
jurisdiccional.
En el presente caso, si bien el acto impugnado es un acto
formalmente legislativo, al haber sido emitido por el Congrego
del Estado de Yucatán, lo cierto es que se trata de un acto
materialmente administrativo electoral, a través del cual se
ejerce una atribución prevista en una ley, ya que, en la especie,
se está frente a la ratificación de los integrantes de los
consejeros ciudadanos y el secretario técnico que integran el
Consejo Electoral del Estado de Yucatán, por dicha legislatura
local, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 86, fracción VI,
del Código Electoral del Estado de Yucatán.