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SUP-JRC-189/2002
inmediatas para sustentar la procedencia del dictamen con los
cinco supuestos aspirantes que sí alcanzaron, a dicho de la
Comisión integrada con legisladores panistas, el cumplimiento
de los requisitos legales (los cuales por cierto, contenían dos
nombres de personas que guardan relación consanguínea o
laboral con dos diputados quienes se excusaron para conocer
sobre todo lo relativo a este punto desde la publicación de la
Convocatoria).
Ante este hecho se manifestó por otros legisladores (que no
son de extracción panista) que, al analizar otros expedientes se
había considerado la posibilidad que 23 candidatos sí cumplían
con los requisitos para ser considerados por el Pleno, por lo que
se proponía la revisión de expediente por expediente a fin de
determinar quiénes sí cumplían los requisitos señalados y
quiénes no, lo que atrajo, como consecuencia, que los
diputados panistas, incluyendo el Presidente de la Comisión,
Diputado Alfredo Garza Reyna, se negaron aceptar siquiera su
revisión y discusión correspondiente y haciendo uso
inadecuado de su mayoría representativa en la Comisión (6
legisladores de extracción panista vs. 4 legisladores de
extracción priísta y 1 legislador de extracción petista),
simplemente decidieron no entrar a la revisión de todos y cada
uno de los expedientes presentados, por lo que procedieron a la
votación correspondiente para ser turnado al pleno de la
legislatura.
Cabe llamar la atención que la falta de fundamentación y
motivación es conculcatoria de derechos básicos de los
ciudadanos aspirantes y de quienes participan en la decisión
para integrar el Tribunal Estatal Electoral: los partidos políticos,
representados en la Legislatura y los cuales participarán en la
elección para renovar los poderes del Estado en los próximos
comicios; de tal suerte que cuando un órgano encargado de
resolver las controversias que surjan en materia electoral, no
garantiza la equidad, la imparcialidad, la objetividad, la legalidad
y la independencia de sus actos, por ser designado de manera
ilegal, impide la participación equilibrada de los partidos
políticos en la contienda. Dicho equilibrio debe ser observado
desde el momento mismo de la integración de los órganos
responsables de organizar las elecciones y de resolver las
controversias en materia electoral a nivel estatal. Tal criterio,
incluso ha sido sostenido por este Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación en la resolución emitida dentro del
expediente identificado como SUP-JRC-391/2000, visible en su
foja 41, en donde se expresa claramente que “ …el propósito
perseguido con el establecimiento del referido artículo 86 del
código electoral local, va en el sentido de que la designación de
los consejeros ciudadanos que habrán de integrar el Consejo
Electoral del Estado de Yucatán requiere de contar con el
mayor consenso posible entre los distintos partidos
políticos, por lo que no puede ser realizada por un solo