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SUP-JRC-189/2002
rigen los procesos electorales locales, consistentes en la
legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia,
así como el hecho de que las autoridades que tengan a su
cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales
que resuelvan las controversias en la materia, gozaran de
autonomía en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones, en razón de que los únicos que resolvieron firmando
el dictamen correspondiente en la Comisión de Gobernación y
Organización Interna de los Poderes fueron los legisladores del
Partido Acción Nacional, los cuales también fueron los que los
votaron y designaron por el método de la insaculación.
Al respecto cabe señalar que la legalidad debe estar sujeta para
todas las autoridades, como hemos señalado en reiteradas
ocasiones, tal y como lo ha sustentado este órgano
jurisdiccional federal en la siguiente Tesis de Jurisprudencia:
PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL
ELECTORAL. ESTÁ VIGENTE PARA TODOS LOS
ESTADOS, DESDE EL 23 DE AGOSTO DE 1996. (Se
transcribe).
TERCERO.- Hemos reiterado que la responsable violentó lo
prescrito para la designación de los magistrados electorales,
previsto en el artículo 44 de la Constitución Política de la
Entidad y 229, fracción II de la Ley Electoral del Estado, ya que
nunca se respetó, verdaderamente, el procedimiento de
designación, primero porque se sometió a consideración un
dictamen – propuesta de designación, circunstancia que va en
contra de la regla prevista para ese fin, ya que la finalidad de
emitir un dictamen es para que únicamente se establezca quién
de los aspirantes cumple o no los requisitos legales, segundo
para que una vez que de forma fundada y motivada se
establezca lo relativo al cumplimiento de los requisitos, se lleve
a cabo con los partidos políticos representados en la Cámara
de Diputados, las tareas tendientes al consenso en la
designación, y una vez que la misma no se hubiere alcanzado
proceder a ver si por medio de las dos terceras partes de la
integración del Pleno, se logra designar a los magistrados, y
finalmente, de no proceder las anteriores, entonces proceder a
una insaculación transparente y legal, con utilización de ánforas
transparentes, no de bolsas de tela negra y dudosas tarjetas,
unas dobles y otras no para definir la integración y su
consecuente designación.
Lo que se ha dicho es que constitucional y legalmente no se
obliga a que los consensos se realicen por bloque, o que las
dos terceras partes pueda operar de manera individual y no por
listas o fórmulas, ya que la ley no expresa o limita a ello,
circunstancia que permitiría la mayor participación de las
fuerzas políticas con representación en la legislatura y el
consecuente respaldo a los órganos electorales que se