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SUP-JRC-189/2002
respecto de la impugnación planteada en contra de la
ratificación de los consejeros ciudadanos y el secretario
ejecutivo que integran el Consejo Electoral del Estado de
Yucatán, determinada por el Congreso del Estado.”
HECHOS
PRIMERO.- El miércoles 12 de junio de 2002, se publicó en el
Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, la Convocatoria
emitida por la legislatura del Estado para la designación de los
cinco magistrados que conformarían el Tribunal Electoral del
Estado.
SEGUNDO.- Conforme a los plazos previstos en la
Convocatoria, se recibieron del 15 de junio al 16 de julio del
presente año, 32 propuestas de candidatos para magistrados
electorales.
TERCERO.- El día 19 de julio del año en curso, el Pleno de la
Legislatura turnó a la Comisión de Gobernación y Organización
Interna de los Poderes, los expedientes que se integraron
conforme a cada solicitud que fue presentada para “ …su
estudio y dictamen…” según puede apreciarse del dictamen
general emitido por dicha Comisión y remitido, posteriormente,
al Pleno.
CUARTO.- Los días 28 y 29 de octubre de 2002, la Comisión
de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, celebró
sesión con objeto de someter a consideración de los presentes
el dictamen general – por cierto irregular – que se emitió sobre
las solicitudes que procedieron, tal y como queda probado con
la prueba técnica que al respecto exhibimos a este escrito, sin
que para ello se pusiera a consideración, como debía ser, los
32 dictámenes correspondientes a las 32 solicitudes
presentadas.
Para esos efectos, el Presidente de la Comisión de
Gobernación y Organización Interna de los Poderes, sin motivar
y fundar él por qué de las improcedencias de 27 expedientes,
se limitó de manera inexplicable a manifestar en lo abstracto y
difuso, que únicamente 5 habían cumplido con los requisitos, de
los cuales tampoco señaló, de forma motivada y fundada, por
qué se había considerado que éstos expedientes si habían
cumplimentado con lo requerido por la Convocatoria, casos en
los cuales tampoco se señaló la forma en que lo acreditaron, ni
de qué manera fue sometido, valorado y desarrollado el estudio
individualizado de cada solicitud, ni por quién.
Esto es, nunca se fundó ni motivó por qué eran procedentes
unos expedientes y por qué eran improcedentes otros, dónde
no cumplían los requisitos y dónde si, es decir, no se señalan
las causas particulares, circunstancias especiales o razones