sup-jrc-189/2002 actor - Jurisprudencia y Tesis Aisladas IUS ...

Lic. Graciela Buchanan Ortega
Lic. Pedro Treviño García
Monterrey, Nuevo León a (sic)
Comisión de Gobernación y Organización
Interna de Poderes
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SUP-JRC-189/2002
El anterior dictamen, es evidente que infringe la disposición
contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal
que consagran las garantías básicas de seguridad jurídica y de
fundamentación y motivación.
Efectivamente, el artículo 14 de la Constitución establece que
nadie puede ser privado de un derecho, sino se acatan, entre
otros supuestos, el de cumplir con las formalidades esenciales
del procedimiento. Es el caso que, al menos 27 de los
ciudadanos propuestos fueron afectados, incluyendo al Partido
Revolucionario Institucional y a la sociedad nuevoleonés,
representada a través de este Instituto Político en su calidad de
entidad de interés público y con representación en la Cámara
de Diputados, cuando la autoridad señalada como responsable,
sin fundar, ni motivar, simplemente de manera abstracta y
general estableció, primero, en la sesión de la Comisión de
Gobernación y de Organización Interna de los Poderes, y
segundo, en la propia sesión de pleno, que 27 solicitudes de
aspirantes no habían cumplido los requisitos de ley, sin
establecer las razones particulares, causas inmediatas y
circunstancias especiales que los llevó a tomar semejante
resolución.
En un primer momento, la Comisión de Gobernación y
Organización Interna de los Poderes, con el voto únicamente de
los legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, emitieron, resolvieron y aprobaron un dictamen que
no tiene sustento legal alguno, ni motivación específica de las
solicitudes presentadas, es más, ni siquiera un dictamen o
dictámenes que en lo particular pudieron ser emitidos y, en su
caso, haber sustentado el acto que se reclama.
En esas condiciones, cuando la autoridad responsable
establece en la publicación en el Diario oficial del Estado, el
acuerdo número 363 en el que designa, a partir del dictamen y
la insaculación derivada de un procedimiento irregular, a los
magistrados del Tribunal Estatal Electoral, es nula de pleno de
derecho, ya que para arribar a la misma, se actualizaron una
serie de violaciones al procedimiento previsto en los artículos
44 de la Constitución Política del Estado y 229, fracción II, de la
Ley Electoral del Estado.
Tal y como lo desarrollamos en el capítulo correspondiente a
“hechos”, la autoridad responsable, no fundó ni motivó su
dictamen, ya que en ningún caso justifica la aprobación,
únicamente de cinco ciudadanos aspirantes, dos de los cuales