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SUP-JRC-189/2002
Estado de Nuevo León, como se vio, se verifica a través de una
secuencia o serie de actos estrechamente ligados que se
desenvuelven progresivamente y que deben satisfacerse a
cabalidad, para que el Congreso del Estado de Nuevo León
esté en condiciones de designar válidamente, mediante
consenso, o a falta de éste, por elección de las dos terceras
partes de los integrantes de la legislatura, o en el caso de no
alcanzarse dicha votación, mediante insaculación, a las
personas que reúnan los requisitos necesarios para ocupar el
cargo jurisdiccional aludido; conducen a la conclusión de que,
como consecuencia lógica y natural de las deficiencias
encontradas en el dictamen antes precisadas, el acto
impugnado, esto es, el acuerdo relativo a la designación de los
magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, a
su vez, resulta carente de la debida fundamentación y
motivación, en la medida de que éste se emite sobre la base del
dictamen ilegal lo que a su vez determina que el acuerdo
combatido, resulta contrario a derecho y deba revocarse.
Lo anterior encuentra mayor apoyo en que, en términos
de lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, fracción IV;
99, párrafo cuarto, y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos
b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, un acto adolece de una indebida fundamentación y
motivación, cuando deriva directa e inmediatamente de los
actos y omisiones de otro acto u omisión que violen alguna
disposición constitucional, como, por ejemplo, como en el caso
sucede, cuando se designan magistrados electorales mediante
un acuerdo del Congreso del Estado de Nuevo León, con base
en un dictamen que carece de la debida fundamentación y