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SUP-JRC-189/2002
demanda, con el ejercicio de la plenitud de jurisdicción, o con la
orden específica a las autoridades responsables para que
repongan al impugnante en el goce y disfrute de la prerrogativa
o derecho de que se trate, sin que para hacerlo sea necesario
involucrar al resto de la comunidad ciudadana, ni alterar en lo
sustancial, con efectos generales, las medidas o
determinaciones tomadas para la organización, preparación,
realización y resultados de un proceso electoral, toda vez que
tales situaciones ya están comprendidas en el campo
impugnativo en que la legitimación se confiere sólo a los
partidos políticos, que resultaría invadida sin ninguna
justificación.
En la especie, el Partido Revolucionario Institucional
considera que la designación impugnada al carecer de una
debida fundamentación y motivación es contraria a derecho y,
por ende, transgresora de los preceptos constitucionales y
legales que expresa como fundamento de su demanda, con lo
cual trata de hacer patente la existencia de una situación
jurídica que hace necesaria una sentencia para poner fin a
dicha situación.
Al ser el juicio de revisión constitucional electoral el medio
idóneo para conocer y resolver de la constitucionalidad o
legalidad del acto impugnado, de llegar a demostrarse la
transgresión de los preceptos invocados, el juicio puede ajustar
a derecho tal situación a través de la revocación o modificación
de la resolución controvertida.