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192 PARTE III ACCIÓN COLECTIVA Y PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En este contexto, se debe tener en cuenta que la movilidad migratoria de colectivos centroamericanos,
en su mayoría, coincide con las rutas de transporte ferroviario de mercancías que el Estado mexicano
construyó desde principios del siglo XX para fortalecer su intercambio comercial con Estados Unidos.
Esta ruta ha sido utilizada por los migrantes desde hace más de dos décadas, ya que posee
características que incentivan su uso. Primeramente, la dimensión de la ruta ferroviaria es tan larga que
los sistemas de seguridad carecen de capacidad para cubrir todo el recorrido, lo que reduce en alguna
medida la probabilidad de que estas personas sean detenidas y deportadas. En segundo lugar, es un
medio gratuito, al no ser un transporte de pasajeros sino de mercancías. En tercer lugar, su ruta es la
más fácil de seguir por parte de la población migrante, ya que todas se dirigen hacia la frontera norte.
Finalmente, esta ruta tiene diferentes opciones de movilidad, pues se puede iniciar el trayecto desde el
sur o el sureste del país, llegar hacia el centro, moverse hacia el Golfo de México o, en su defecto, tomar
la ruta del Pacífico.
Sin embargo, este trayecto, popularmente conocido como “La Bestia”, conlleva serios riesgos para la integridad
de las personas migrantes que lo utilizan. Para empezar, el inicio de la ruta del tren no se ubica en la división
fronteriza propiamente dicha, sino a varias decenas de kilómetros de la frontera, lo que obliga a las personas
migrantes a caminar entre 30 y 60 kilómetros hasta la primera parada del tren. En dicho trayecto estas
personas tienen altas probabilidades de ser “aseguradas” -sometidas a control y retenidas- por diferentes
fuerzas de seguridad del Estado, especialmente del denominado Instituto Nacional de Migración (INM) 6 . En
teoría, esta es la única instancia legitimada para verificar la legalidad de la estancia de una persona extranjera
en el país.
GRÁFICO III.1.5. EVENTOS DE ASEGURAMIENTO/CONTROL POLICIAL DE PERSONAS CENTROAMERICANAS, 2000-2012.
250.000
235.297
211.218
200.000
178.519
179.345
150.000
157.137
138.891
110.573
100.000
75.774
57.928
50.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2011 2012
6
El aseguramiento es una
figura jurídica en el derecho
mexicano que contempla
la legitimidad de someter
a control policial a
las personas extranjeras
con el fin de conocer si la
situación de estancia en
el país es regular o irregular.
En caso de ser irregular,
aunque se considere una
falta administrativa y no
un delito, como sucede en
España, se puede privar
de libertad a las personas
de manera temporal. Es
un procedimiento muy similar
al control e internamiento
de extranjeros que
se realiza en España.
Fuente: Rutas y tendencias del aseguramiento de extranjeros indocumentados en México 2003 – 2006 y 2013. Instituto Nacional de Migración. Centro de Estudios Migratorios.
Tomando en cuenta la dimensión del flujo migratorio que transita por México, superior a las 100.000-150.000
personas migrantes al año, se puede deducir que las probabilidades de que una persona migrante sea retenida
son muy altas (gráfico III.1.5). Sin embargo, las autoridades mexicanas deportan a estos ciudadanos a una
región acordada a través de un pacto de movilidad migratoria regional, denominado Acuerdo Regional de
Procedimientos Migratorios CA4, que permite a la población centroamericana tener libertad de movilidad. De
ahí se deriva que la deportación -hacia Honduras, por ejemplo-, solo sea temporal, ya que las personas, una
vez trasladadas a ese espacio territorial, reinician su ruta migratoria hacia México ante la posibilidad de llegar
de nuevo a la frontera con relativa facilidad.