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INFORME ANUAL SOBRE MIGRACIONES E INTEGRACIÓN CeiMigra 2014 77
Según estas estimaciones, solo en la Comunitat Valenciana, más de cien mil personas extranjeras habrían
quedado fuera de la cobertura sanitaria como consecuencia del nuevo reglamento sobre acceso a la asistencia
sanitaria pública. Dicho reglamento excluye a la población extranjera en situación irregular, pero también a
ciudadanos comunitarios y a ciudadanos españoles sin recursos suficientes para costearse ciertos tratamientos.
Esta situación, de gravedad creciente pese a los programas puestos en marcha por la Conselleria de Sanitat
para solventarlos, obliga a instituciones como ODUSALUD, el Observatorio Valenciano por el derecho universal
a la Salud, a continuar su labor de incidencia y difusión de esta problemática.
De las 1.004 incidencias registradas por ODUSALUD, la mayoría pertenece a usuarios extranjeros, pero destaca
el 5% de incidencias reportadas por personas nacidas en España, mayoritariamente asociadas con la
imposibilidad de mantener un tratamiento ante la falta de recursos económicos para costearlo por su cuenta.
El 56% de las incidencias se debe a la imposibilidad de acceder a la atención médica, el 22% está relacionado
con problemas de facturación de la atención (efectiva o potencialmente recibida) y un 18% se relaciona con
la dificultad de acceso al tratamiento, generalmente por falta de medios económicos. La mayoría de quienes
han informado de sus incidencias se encuentra en situación administra irregular (61%). El 39%, sin embargo,
son ciudadanos con regularidad administrativa. Finalmente, tras dos años de la puesta en vigor del RDL se
constata un creciente número de menores y mujeres embarazadas afectadas por la desatención sanitaria.
Todo ello pone en tela de juicio, no solo la inadecuación de este Real Decreto Ley, que rompe con la
universalidad de la salud y fomenta una creciente exclusión sanitaria, sino que se confirma incluso su
incumplimiento. El alejamiento de la población hacia las instituciones sanitarias que generan las persistentes
dificultades de acceso, atención y tratamiento derivadas del nuevo reglamento implica un grave riesgo para la
salud pública y la cohesión social. Asimismo, estos datos revelan una regresión en las condiciones que
garantizan el principio de equidad en salud.