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INFORME ANUAL SOBRE MIGRACIONES E INTEGRACIÓN CeiMigra 2014 89
“Cuando llegué como refugiada desde Ecuador a Valencia quise poner a mis hijos a estudiar y yo sabía
que mi país (Colombia) tenía un convenio. Mi sorpresa fue que no conocían el Convenio ‘Andrés Bello’
(que dice que si un chico viene de determinados países de Latinoamérica ingresará en España de
acuerdo a la equivalencia), y me decían que aquí no se aplicaba. Yo reclamé a las instancias competentes
pero no la aplicaron. Este convenio no se aplica, ni se conoce. Hablé con inspectores y educadores, pero
me dijeron que aquí se ingresaba de acuerdo a la edad del chico”.
“Con la misma edad, a mi hijo lo pusieron en un año y a su amigo en un curso superior… Tiene que haber
un criterio único, que no dependa de cada sitio”.
• La imposibilidad de homologar uno o varios años de estudios universitarios cursados en el país de origen
es una gran dificultad, ya que en la mayoría de los casos hay que comenzar de nuevo en primer curso.
• Cuando se obtiene la homologación, el resultado equivale a una nota de 5 en el título de bachillerato,
lo que dificulta el acceso a Formación Profesional cuando hay números clausus.
“Los inmigrantes no pueden homologar por los costos, porque muchos vienen con educación básica o
con el nivel medio aprobado. Y ahora las exigencias del Gobierno para estos programas son cada vez
mayores, lo que hace que estén con menos posibilidades. Muchos llegan con grados por culminar y
tienen que empezar nuevamente”.
“Conozco a jóvenes que han llegado con cuatro años de carrera en Farmacia, con cuatro años de carrera
en Diseño, ya para terminar, y los que han querido seguir estudiando han tenido que comenzar desde el
primer año. El que ha podido permitirse el lujo de seguir estudiando, porque realmente su situación de
llegada es producir para poder mantenerse o mantener a sus familias”.
En tercer lugar, señalan cómo el permiso de residencia y trabajo, sujeto a renovación y a cotización de un
mínimo, limita mucho las posibilidades de dedicación a los estudios de aquellos jóvenes que necesitan trabajar
para poder mantenerse económicamente. La incompatibilidad entre seguir cursando estudios y la necesidad
de cotizar para poder renovar la residencia, lleva en muchos casos a abandonar los estudios.
“Las personas que son irregulares no pueden acceder a la educación, una persona sin papeles no puede
acceder al sistema formativo en ningún caso, y los que tienen permiso de trabajo tienen una serie de
obligaciones; tienen que cotizar. Entonces, muchas veces, si quieren seguir regularizados tienen que
abandonar los estudios y si no, no pueden renovar su tarjeta”.
Una cuarta barrera hace referencia a la concentración de una mayor proporción de alumnado inmigrado en
determinados centros, lo que incrementa las dificultades de gestión de la diversidad cultural y puede suponer
dificultades añadidas, como el estigma social y, junto con él, la difusión de una imagen negativa del centro:
mayor grado de conflictividad, un menor nivel educativo, etc.
Finalmente, existe una formación específica para inmigrantes, con menor calidad en general, sin
reconocimiento oficial o con un reconocimiento “de segunda”, que les lleva a formarse para insertarse en un
mercado laboral en el que tendrán muchas menos oportunidades. Especialmente se da esta situación en la
formación a la que pueden acceder jóvenes en situación irregular.