Artículos 2009 en El Mundo de Eduardo del Campo

EL MUNDO. SÁBADO 4 DE JULIO DE 2009
>EMERGENCIA SOCIAL / Desalojo de las chabolas de Tablada
S3
SEVILLA
El destierro sin fin de 300 sevillanos
Las 41 familias con 126 niños que malviven desde hace tres meses en chabolas tras su expulsión del
Polígono Sur acatan la orden de desalojo del Ministerio de Economía pero nadie les da una alternativa
EDUARDO DEL CAMPO / Sevilla
Perseguidos. Repudiados. Marginados.
Condenados. Hostigados. Olvidados.
Ignorados. Desterrados. Así
viven trescientos vecinos de Sevilla a
los que la mayoría de los sevillanos y
de sus autoridades dan la espalda como
si no pertenecieran a la ciudad.
Porque son gitanos pobres. «Chabolistas».
Sospechosos de acarrear problemas
con sus furgonetas y su prole.
Basura humana a la que barren de
un lado para otro, de Los Bermejales
al Polígono Sur, del Polígono Sur a la
desolación del descampado de Tablada,
y, ayer, en una jornada demencial,
de Tablada al Charco de la
Pava, del Charco de la Pava al Huevo
de Colón, del Huevo de Colón ¡de
vuelta a Los Bermejales, cinco años
después de haber salido de allí!, y de
ahí a los alrededores de la base militar
de El Copero, y de ahí, quién sabe
dónde mañana... Como si existiera el
objetivo implícito de que un día se los
trage la tierra y no molesten más.
A este mundo terrible, a este círculo
vicioso de la miseria que ayer quedó
de manifiesto, ha venido hace dos
meses Rafaela. La bebé mama de un
pecho de su madre, Aurora Campos
Vargas, de 18 años y madre de otra
niña y otro niño, refugiadas ambas
en el estrecho filo de sombra que hay
pegado a la chabola, bajo el sol del
mediodía. Parió a su bebé en el Virgen
del Rocío, y de la habitación hospitalaria,
paréntesis cortesía del Estado
del Bienestar, volvió a la chabola
donde han malvivido desde hace
tres meses y medio junto al antiguo
La Policía Local y
Nacional les impiden
establecerse en el
Charco de la Pava
Los agentes les vetan
también el regreso a
Los Bermejales, de
donde salieron en 2004
El Defensor del
Pueblo dice que se le
agota la paciencia y
exige una solución
puente a San Juan de Aznalfarache,
en la margen izquierda del Guadalquivir,
en un descampado de Tablada
perteneciente al Ministerio de Economía
y Hacienda. El nuevo metro
sobrevuela sus cabezas al fondo.
Aurora, su marido, Antonio Jiménez
Paredes, de 22 años, y sus tres hijos
son una de las 41 familias (con
126 niños) que vagan desterradas
desde que miembros de otro clan los
expulsaron del Polígono Sur a raíz
de un bárbaro castigo colectivo, basada
en una supuesta ley gitana que
Aurora y Antonio, con sus hijas y otro niño vecino, esperan en el Charco de la Pava tras tener que abandonar su chabola en Tablada, ayer. / JESÚS MORÓN
muchos gitanos no comparten y que
en este caso perpetúa absurdamente
la exclusión que sufre su pueblo, aplicada
para más inri por sí mismo.
Recordemos el origen de esta inatendida
emergencia social. Estas familias
vivían en las chabolas-caracolas
(de ahí que los llamen «Los Caracoleños»)
del barrio en expansión de
Los Bermejales; la promotora inmobiliaria,
con el acuerdo de la Gerencia
Municipal de Urbanismo (2004,
en el primer gobierno de PSOE e IU,
con esa delegación en manos del primero)
le dio a cada familia una bolsa
de plástico con 42.000 euros en billetes
de 500 para que desalojaran el terreno;
la mayoría se fue a buscar techo
al único sitio donde podían pagarlo,
sin papeles: pisos-favela en Las
Tres Mil Viviendas, que son de propiedad
de la Junta de Andalucía a
través de la Consejería de Vivienda.
En ese barrio, inmerso en un proceso
de regeneración liderado por el
Comisionado para el Polígono Sur, se
vio su llegada como un lastre porque
suponía que la miseria volviera a
concentrarse en los barrios marginales
de siempre en lugar de repartirse
solidariamente por toda la ciudad, a
la vista de todos. Pasaron cinco años.
Hasta que la sangre llegó al río.
Una bala «perdida» en un tiroteo
achacada a un miembro, ya detenido,
del grupo venido de Los Bermejales
mató a un muchacho, y sus allegados
amenazaron con vengarse si no se
iban los «caracoleños». Asombrosamente,
la ilegal condena colectiva de
destierro, expresa o tácita, se cumplió
sin que las autoridades lo impidieran
ni protegieran a las víctimas, como si
La Policía Local impide el paso a una furgoneta de las familias sin techo. / J. MORÓN
se diera por normal que 300 personas
tengan que huir de sus hogares
por miedo a que les tiroteen, como
dice Aurora que dispararon a su primo
al intentar reabrir su piso.
No pueden volver, porque la Junta,
además, ha aprovechado el conflicto
para recuperar los pisos, aunque ¿a
quién podrán alquilárselos que lo necesiten
más que ellos? «Nos han tapiado
la puerta con cemento y ladrillos»,
dice Aurora. El fracaso del Estado
de Derecho, de la justicia social,
del sentido común. Tres meses y medio
después, aquí seguían ayer al mediodía,
junto al puente, bajo el sol infernal,
sin agua, sin nada. No llegan
las soluciones que sí habría para los
vecinos de otros barrios, pero no faltan
los mensajes para que se vayan.
El primero, el del Ministerio de
Economía requiriéndoles para que
desalojen su finca. El plazo acababa
ayer, así que todos, obedientes y sin
esperar una orden judicial, han dejado
atrás las chabolas y se han intentado
acomodar, qué rara palabra, un
kilómetro más allá, en el también desolado
Charco de la Pava, el aparcamiento
de la Feria. Una familia por
árbol, un drama por sombra.
Acompañamos a Aurora, Antonio
y sus niños dentro de la furgoneta en
el siguiente tramo de su destierro sevillano.
Antonio aparca junto al árbol
raquítico donde ya había dejado antes
sus dos somieres pelados. Pero
allí los esperan la Policía Local y la
Nacional para impedir que se queden
en el Charco de la Pava. Un cerco
policial bloquea los accesos.
«¡Que nos den agua, que los niños se
están asando!», clama otra pareja.
Si el Gobierno los echa del descampado,
el Ayuntamiento no les
permite dormir aquí y nadie de la
Junta aparece para ofrecer una alternativa,
¿a dónde quieren que vayan?
Rafael Pertegaz, líder vecinal del Polígono
Sur, acude «en nombre del
Ayuntamiento» para mediar, en una
reunión improvisada con un oficial
de la Policía Local; un responsable
del centro de emergencias del Ayuntamiento
(Cecop), Rafael Pérez; un
miembro de las familias, Ángel Jiménez,
y la portavoz de las ONGs de
apoyo, Beatriz Carrillo. «España
manda misiones humanitarias al extranjero,
pero odia la miseria de
aquí», dijo antes Carrillo. «Que venga
el alcalde», pide una mujer. «Esto es
vergonzoso», evidencia el representante
de una ONG. Una joven desfallece
y viene una ambulancia. No sería
raro que alguien muriera.
El grupo opta por mudarse a una
tierra de nadie junto al Huevo de Colón,
en la otra punta de Sevilla. Pero
luego, tras verlo, desisten de ese destino,
y reanudan su deambular de
vuelta al punto de partida de donde
un aparente golpe de fortuna los sacó
hace cinco años: a un solar de Los
Bermejales. La Policía se despliega
otra vez para echarlos. Acaban yéndose
hacia la base militar de El Copero.
Muy lejos. Fuera de la vista.
Mientras tanto, el Defensor del
Pueblo andaluz, José Chamizo, ha
dicho que se le está acabando la paciencia
tanto con las administraciones,
a las que pide una solución, como
con las familias, a las que insta a
aceptar la oferta de la Junta de llevar
a los niños y a las madres menores
de edad a centros de acogida. Aurora
y Antonio no quieren separarse.
La experiencia les ha enseñado que
fuera de este infierno rodante hallarán
menos amor que aquí dentro.