Artículos 2009 en El Mundo de Eduardo del Campo

Impreso por Eduardo Delcampo Cortés. Prohibida su reproducción.
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ANDALUCÍA
EL MUNDO. MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE DE 2009
Liberalizan
las grandes
superficies con
salvedades
Sevilla
La instalación de grandes superficies
comerciales en Andalucía
no requerirá de licencia autonómica,
si bien la Junta se reserva
la intervención por criterios urbanísticos,
territoriales y medioambientales,
y para los establecimientos
con menos de
2.500 metros (como Mercadona)
la liberalización es total.
El consejero de Comercio, Turismo
y Deporte, Luciano Alonso,
compareció ayer, en rueda de
prensa, tras la reunión del Consejo
de Gobierno en la que se
aprobó la modificación de dieciséis
leyes para adaptarlas a la directiva
comunitaria de servicios,
que se dirige a eliminar barreras
legales y administrativas para el
desarrollo de la actividad económica.
Los cambios más significativos
han afectado a la Ley de Comercio
Interior de Andalucía al
eliminarse la licencia comercial
autonómica (basada en criterios
económicos de oferta y demanda)
en todos los formatos y se
delega en los ayuntamientos la
licencia municipal de obras a
través de una ventanilla única.
Sin embargo, en las grandes
superficies comerciales, las que
superen los 2.500 metros cuadrados,
y no los 1.000 como hasta
ahora, la Junta considera que
su intervención es «imprescindible»
por razones territoriales, urbanísticas
y medioambientales.
Para ello, la Consejería elaborará
en el plazo de un año un
plan de establecimientos comerciales
atendiendo a esos tres criterios
y en el que se «buscará el
equilibrio territorial desde el
punto de vista urbanístico».
Más de 2.500 metros
El consejero justificó la intervención
de la Junta en los establecimientos
de más de 2.500 metros
en que tienen incidencia en el
territorio y ha puesto como
ejemplo que cuando se construye
una gran superficie hay que
garantizar el acceso de los ciudadanos
a través de las infraestructuras
necesarias.
Además, alegó que la Junta
ha adoptado un «modelo de
equilibrio» en torno a dos posiciones
diferentes en España, la
liderada por Madrid con una liberalización
total, y la de Cataluña,
Valencia, Baleares y Canarias
que han optado por una licencia
comercial específica.
Luciano Alonso aseguró que
estos cambios normativos permitirán
reducir al máximo los
plazos para la instalación de
grandes superficies comerciales
y de una media de ocho meses y
medio que se tardaba en obtener
la licencia autonómica ahora
se hará en un «tiempo récord».
Sostuvo que los ayuntamientos
«aceptarán de buen grado»
estas competencias y aclaró que
no habrá moratoria comercial.
A.K. (2º izq.) y Oussenou Engnom (der.), junto a Alu Diallo, de la asociación de ‘sin papeles’, y Natalia García y Maribel Mora, de la Apdh-A, ayer en Sevilla. / JESÚS MORÓN
‘Rescatados’ tras
meses de cárcel por
vender cd’s piratas
Pro Derechos Humanos logra liberar a dos
africanos que sobrevivían del ‘top manta’
EDUARDO DEL CAMPO / Sevilla
Si hubieran conducido borrachos,
matado a una o varias personas por
una imprudencia leve o defraudado
50.000 euros a la Unión Europea, el
liberiano A.K. (no tiene papeles y pide
no revelar su nombre completo),
de 25 años, y el senegalés Oussenou
Engnom, de 37, residente legal, casado
con una española y con una hija
que cumple mañana cuatro años, no
habrían ido a la cárcel. Les habrían
condenadoaentre3y6meses de
prisión sustituible con multa de dos a
seis meses por conducir ebrios, a uno
o dos meses de multa por una imprudencia
leve con resultado de muerte
y a uno o dos meses de multa por defraudar
fondos europeos.
Pero ellos, para sobrevivir, cometieron
el gravísimo delito del top
manta. Vender en la calle discos y
películas pirateados. Y resulta que el
Código Penal, endurecido en 2003
ante las presiones de la industria,
castiga ese ataque a la propiedad intelectual
con entre seis meses y dos
años de cárcel y multa de hasta 24
meses, más una indemnización a las
sociedades de gestión de derechos de
autor. Por vender a 1,5 euros cedés
pirateados envueltos en fundas infames,
con los que cuentan que apenas
ganaban entre cinco y veinte euros al
día, Oussenou ha pasado diez meses
en la cárcel y A., cuatro. Salieron de
Sevilla I la semana pasada. Allí seguirían
si no fuera porque la Asociación
Pro Derechos Humanos de Andalucía
(Apdh-A) los buscó en prisión y
ha pagado sus multas e indemnizaciones
para que los jueces acepten
suspenderles la pena.
Ambos participaron ayer en una
rueda de prensa en Sevilla para poner
rostro a la campaña Mira detrás
de la manta. Sobrevivir no es delito,
que denuncia la «criminalización» de
esta venta ilegal al por menor y la
«desproporción» entre daño y pena.
«La propiedad intelectual es un bien
que hay que proteger, pero nunca
con penas de prisión que encima castigan
al último eslabón de la cadena»,
dijo la coordinadora de la asociación,
Maribel Mora, que apuntó que los
que producen en masa este material
no van a prisión y que el top manta,
«según cifras de la propia SGAE, representa
sólo el 10% de esta vulneración,
porque el mayor problema es el
de las descargas por internet, que no
está metido en el Código Penal».
Oussenou contó que atravesó África
desde su Dakar natal, en 2003 logró
salvar la valla de Ceuta y de allí lo
enviaron a la península con una orden
de expulsión. En 2004 se ganaba
la vida de mantero. Lo detuvieron
siete veces y lo dejó. Casado con una
española, la madre de su hija, y con
papeles, consiguió un puesto de en-
‘Top manta’, Madrid, 2003. /J.M.
Quedan otros
127 en prisión
>En España hay 127 encarcelados
por delito contra la
propiedad intelectual, 30 en
Andalucía. 540 han pasado
ya por prisión por esta causa.
Casi todos son manteros subsaharianos
y sin papeles.
Apdh-A y otras asociaciones
reclaman que se despenalice
el ‘top manta’ e indulten a los
condenados (han presentado
ya 50 peticiones).
>Mientras el Gobierno responde,
están pidiendo a los
jueces que suspendan las
condenas y, cuando no queda
otra opción, están pagando
las multas e indemnizaciones
para liberar a los reos. Han logrado
ya el indulto de dos
manteros y liberar a cuatro,
losúltimosdosA.yOussenou.
cofrador en Utrera. Pero lo perdió
cuando, más de cuatro años después,
lo mandaron a la cárcel por aquellas
viejas causas. Una sentencia lo condenó
a 13 meses de cárcel y a pagar
una multa de 12 meses y 1.191 euros
de indemnización a la SGAE y otra
sociedad gestora. Otra sentencia le
impuso seis meses de prisión, más
multa e indemnización. Pagó 8.000
euros, de ellos dos mil que le envió su
madre tras endeudarse en Dakar. Se
suponía que él había emigrado para
ayudarla a ella, pero acabó siendo al
revés. Ese dinero no fue suficiente
para evitar la prisión. Tras diez meses,
la Apdh-A ha pagado lo que faltaba
y Oussenou vuelve a ser libre.
«Lo hacía para ganarme la vida, no
era un negocio», insistía él ayer.
A. contó que nació en Monrovia,
la capital de Liberia, que perdió a
parte de su familia en la guerra civil
y creció en un campo de refugiados
en Guinea Conakry. Atravesó el continente,
se coló en Ceuta, le denegaron
el asilo, lo metieron un mes en
un centro de internamiento en Málaga
y lo soltaron en 2003 con una orden
de expulsión y el mensaje de
«búscate la vida». Sin permiso de
trabajo, cuenta que no le quedó más
remedio que vender cedés pirateados,
que compraba a 0,50 céntimos
yvendíaauneurooeuroymedio,
para pagar comida y habitación.
Le impusieron dos penas de cuatro
meses de cárcel, pero como no pudo
pagar la multa, ésta se transformó en
otros cinco meses de prisión. «La
gente piensa que es un delito, pero
no somos delincuentes». Dice que lo
dejó en 2004. Pero otros caen. El presidente
de la Asociación de Inmigrantes
Sin Papeles de Sevilla, Alu
Diallo, alertó de que hay inmigrantes
regularizados que al perder el trabajo
debido a la crisis se están metiendo
a manteros para poder pagar su
cuota de la Seguridad Social y no
perder así su permiso de residencia.
A.K. y Ossenou Engnom van a cobrar
durante 18 meses los 420 euros
de la ayuda a la reinserción de presos,
más de lo que ganaban vendiendo
discos piratas. El Estado se podría
haber ahorrado dinero y sufrimiento.
Cuando se les indica la
paradoja, sonríen. «Es absurdo».