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Informe sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores en el sector alimentario
Además de las prácticas comerciales analizadas en la sección anterior, otro
de los elementos que introduce un mayor riesgo de que el mayor poder de
compra de los distribuidores suponga una pérdida de bienestar en el largo
plazo son las barreras regulatorias al establecimiento y al ejercicio de la actividad
comercial.
La transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2006/123/
CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
relativa a los servicios en el mercado interior (en adelante Directiva de Servicios)
se ha llevado a cabo a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Paraguas),
que establece como régimen general el de la libertad de acceso a
las actividades de servicios y su libre ejercicio en todo el territorio español, y
regula como excepcionales los supuestos que permiten imponer restricciones
a estas actividades.
Las 47 normas legales de ámbito estatal afectadas por la Directiva de Servicios
han sido adaptadas a través de una norma horizontal, la Ley 25/2009,
de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley
Ómnibus). Sin embargo, en lo que se refiere al ámbito del comercio minorista,
el legislador optó por una reforma separada a través de la Ley 1/2010,
de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación
del comercio minorista (LCM).
La modificación más significativa introducida por esta reforma ha sido la eliminación
con carácter general del requisito establecido en el Artículo 6, Ley
7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, en el que
se supeditaba la apertura de un gran establecimiento comercial a la obtención
de una licencia específica otorgada por la CC.AA. correspondiente,
adicional a las autorizaciones municipales, dando lugar así a un sistema de
doble licencia 145 . No obstante, la nueva normativa faculta a las CC.AA. para
establecer regímenes de autorización específicos cuando concurran razones
imperiosas de interés general, como la protección del medio ambiente y del
entorno urbano, la ordenación del territorio y la conservación del patrimonio
histórico y artístico, y siempre que estas autorizaciones se concedan sobre
la base de criterios proporcionados, no discriminatorios, claros e inequívocos,
objetivos, hechos públicos con antelación, predecibles, transparentes
y accesibles, destacándose explícitamente además que los regímenes de
autorización no pueden fundarse en razones económicas. Por último se
establece en la Disposición séptima un sistema de compensación de deudas
de las Administraciones Públicas competentes hacia la Administración del
Estado en caso de incumplimiento de la citada Ley o del Derecho comunitario
afectado.
145 El TDC/CNC ha sido históricamente muy crítico con el sistema de doble licencia (véanse,
entre otros, Informe de concentraciones del TDC C95/06 MIQUEL ALIMENTACIÓN/PUNTOCASH
y CNC (2009), Recomendaciones a las administraciones públicas para una regulación de los
mercados más eficiente y favorecedora de la competencia).
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