CNC - Informe sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores ...

128 Trabajando por la Competencia
Es necesario recordar
la insostenibilidad
de fundamentar las
autorizaciones de
apertura de grandes
establecimientos en
motivos de carácter
económico más
o menos encubiertos.
y demanda donde se dirima cuál es el adecuado equipamiento comercial,
como resultado de la revelación por parte de los consumidores de sus preferencias
a este respecto 149 ”.
Asimismo, algunos de los elementos incorporados en los criterios de las
normativas autonómicas sobre concesión de estas autorizaciones pueden
ser también directamente contrarios a las especificaciones de la Directiva de
Servicios, por basarse en una interpretación laxa de los motivos de interés
general contemplados en la Directiva, con el consiguiente incumplimiento de
los requisitos del artículo 10 de la Directiva sobre justificación de la necesidad,
proporcionalidad, no discriminación, objetividad, publicidad y transparencia,
de la medida, así como la Ley Paraguas y la reforma de la LCM. Este
es el caso por ejemplo, de la consideración de aspectos respecto a los que
no se presenta justificación alguna de la medida en que las restricciones que
conllevan son necesarias o proporcionales para el logro de objetivos de interés
general, tales como el efecto del proyecto de establecimiento en cuestión
sobre el consumo, el ocio, la protección del consumidor o la conciliación de
la vida familiar y laboral.
Por otra parte, los criterios utilizados suelen adolecer de excesiva indeterminación
y ambigüedad, por lo que generan incertidumbre y otorgan
demasiada discrecionalidad a las autoridades responsables de su aplicación,
pudiendo dar lugar incluso a una quiebra del principio de seguridad jurídica.
La multiplicidad y diversidad de objetivos de interés general que, según la
normativa de numerosas CC.AA., se persigue con la exigencia de estas
autorizaciones, contribuye además a que su tramitación por las autoridades
comerciales competentes sea innecesariamente compleja y potencialmente
ineficaz. La evaluación del impacto del establecimiento comercial proyectado
sobre el medio ambiente que le rodea, o sobre el patrimonio históricoartístico,
o su adecuación urbanística requieren unos conocimientos de los
que generalmente carecen las autoridades comerciales, lo que obliga o bien
a la participación en este proceso de las autoridades administrativas competentes
en cada una de esas materias, aumentando así el riesgo de introducir
nuevos obstáculos al proyecto, o bien a una falta de adecuación del órgano
administrativo competente (autoridad comercial) respecto a las cuestiones
sobre las que debe pronunciarse (urbanismo, medio ambiente…).
El incumplimiento de los requisitos de necesidad y proporcionalidad se pone
de manifiesto con mayor evidencia en los casos, frecuentes, en que ambas
autoridades -las autonómicas y las municipales- participantes en el proceso
de concesión de estas autorizaciones justifican sus intervenciones respectivas
en base a la obtención de los mismos objetivos de interés general, de
forma que el proyecto de establecimiento en cuestión es evaluado desde el
mismo punto de vista (planeamiento urbanístico, impacto medioambiental,
accesibilidad por parte de los ciudadanos, etc.) por cada una de ellas. A este
respecto debe tenerse en cuenta que el requisito de doble licencia (municipal
y autonómica) para grandes superficies se sigue manteniendo en la mayoría
149 CNC (2009), La Reforma de la Ley del Comercio Minorista en el marco de la transposición de
la Directiva de Servicios.