Revista Kollasuyo número 1 -L- 1939 – 1895kb - andes

Maurice Hauriou, no son sino un modo de aprovisionamiento colectivo, sea del ejército organizado,
sea de la población civil, durante los períodos de movilización o de guerra. El Gobierno y la
Administración toman la iniciativa de reunir los artículos y las substancias o de centralizar los
servicios y luego de repartirlos según las necesidades, el aprovisionamiento es así la aplicación
transitoria de una economía colectiva substituida a la economía individualista del tiempo de paz".
Los objetos que pueden ser requisicionados son generalmente 'productos alimenticios,
carros, caballos, alojamientos, servicios personales, etc., siendo, en principio, las autoridades
militares quienes operan la requisición pudiendo delegar, excepcionalmente, este derecho en las
autoridades civiles. Los bienes y servicios requisicionados deben ser indemnizados, representando
las indemnizaciones el valor comercial o un valor normal fijado por las autoridades. (2).
La entrega de divisas no se hace por disposición de autoridades militares ni ellas se
destinan al aprovisionamiento colectivo de una parte de la población ni del ejército. Tampoco los
exportadores reciben por las divisas su precio normal.
Su entrega no constituye pues, en ningún caso, una requisición.
Si el hecho que analizamos no es una compraventa, ni tamo poco una requisición, será
entonces una expropiación? Veamos en qué consiste ella.
Nuestro Código Civil, en su artículo 190, declara que nadie puede ser obligado a ceder su
propiedad, si no es por causa de utilidad pública y mediante una justa y previa indemnización. Y el
arto 1°. del Decreto de 4 de abril de 1879 elevado a rango de ley por la de 30 de diciembre de
1884, al estatuir que el derecho de propiedad es inviolable, establece que sólo se podrá obligar la
enajenación de bienes, PARA OBRAS DE INTERÉS PUBLICO, previos los requisitos siguientes: a)
declaración solemne de que la obra proyectada es de utilidad pública y permiso competente para
ejecutarla; b) declaración de que es indispensable que se ceda o enajene el todo o una parte de la
propiedad para ejecutar la obra de utilidad pública; c) JUSTIPRECIO de lo que haya de enajenarse;
d) pago del precio de la indemnización.
De modo que la expropiación por causa de utilidad pública, es una restricción legal
impuesta al derecho de propiedad, por motivos de interés general. La expropiación por causa de
utilidad pública es una operación por la que la Administración procede a la adquisición forzosa y
mediante justa indemnización, de los terrenos y edificios que son necesarios al uso público o a los
servicios públicos. La legislación boliviana no prevé el caso de expropiación de bienes muebles. Y
sobre este aspecto, el Decano Hauriou, en su obra citada anteriormente dice, en la página 320:
"Sólo pueden ser expropiadas las cosas corporales inmobiliarias; no pueden serIo ni los muebles ni
los derechos incorporales (servidumbres pertenecientes a concesionarios de dominio público; se
precisan entonces leyes especiales de rescate).
Luego, la expropiación debe realizarse entre nosotros siguiendo procedimientos especiales
y solemnes, tendientes todos ellos a asegurar al que debe enajenar su propiedad la percepción del
JUSTO PRECIO del bien cedido.. Si, por ejemplo, hubiese discordancia en la tasación del bien
efectuado por los peritos de las partes interesadas, se nombrará un tercero dirimidor.
Admitiendo que pudiesen expropiarse los bienes muebles, las divisas, no obstante del
silencio que al respecto guardan nuestras leyes, ¿es que en la actual entrega de divisas se siguen
los procedimientos solemnes especificados por la ley de expropiación por causa de utilidad pública.
¿Es que para cada entrega se procede a declarar solemnemente su utilidad? ¿Es que los
exportadores reciben EL JUSTO PRECIO? Y no siendo esto así, ¿es que se nombra un dirimidor,
para dirimir el justiprecio? ¿Y acaso las partes, quiero decir los exportadores, ocurren ante la Corte
Suprema apelando contra la decisión del Gobierno de hacerles entregar divisas a Bs. 82.- por libra
cuando éstas valen en los Bancos Bs. 140.-?
No se ve, entonces, por qué aspectos pueda la entrega de divisas ser considerada como
una expropiación.
¿Será acaso una confiscación? Pero la confiscación presupone delito, castigado por el
Estado con la incautación de los bienes del reo. Y yo no veo por qué pueda el Estado castigar a los
exportadores, incautándose de sus divisas.
Si pues la entrega de divisas no es ni compra-venta, ni requisición, ni expropiación, será
una expoliación, un robo?
Los diccionarios corrientes definen a la expoliación como a un despojo violento; a la
extorsión, como a la acción de usurpar y arrebatar a uno alguna cosa por fuerza y sin derecho, y al
robo como al hecho de tomar para sí lo ajeno con violencia o engaño: No creo que ninguna
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