Libre - Fundación César Manrique

de la renta de los agricultores que ya absorbían en algunos años más del 70 por 100 del presupuesto
comunitario, y que en la actualidad se encuentra en torno al 50 por 100.Todo ello en un
escenario internacional donde se estaba negociando la Ronda Uruguay de liberalización comercial
que, por primera vez, incorporaba a la agenda de la discusión los productos agrícolas, altamente
protegidos en la CEE.Al mismo tiempo resultaba sorprendente cómo el presupuesto de
la PAC crecía constantemente para beneficio de una población agraria en continuo declive y con
una renta también en retroceso.
Es razonable pensar que, si uno de los problemas tenía que ver con la gestión de los crecientes
excedentes agrarios, no se comprende cómo el marco institucional tardó tanto tiempo
en apostar por sistemas, como el de la agricultura ecológica, que inciden más en la calidad de los
alimentos que en la cantidad 120 . Como tampoco se entiende que para evitar la despoblación y
desestructuración territorial, la reforma de la PAC alimente el abandono de tierras y con ello
también «la matorralización y ruderalización del territorio» 121 , en vez de fomentar de manera real
y no sólo retórica la transformación hacia sistemas agropecuarios ecológicamente integrados que
eviten la emigración masiva de la población hacia los núcleos urbanos. Sobre todo porque si uno
echa un vistazo a los recursos económicos destinados a poner en práctica medidas como la reducción
en el uso de agroquímicos o la introducción de métodos de agricultura ecológica, el esfuerzo
apenas llega al 1 por 100 del presupuesto del FEOGA. Lo que motiva que la reforma se haya
orientado más a «...velar porque se compense a los agricultores por las reducciones de precios,
que a diseñar nuevos métodos para alcanzar objetivos distintos al sostenimiento de la renta de
los agricultores. Esto explica la pervivencia de unos poderosos incentivos para una mayor intensificación
y especialización de la agricultura europea, por lo que se liberan menos recursos de
los que, en el caso contrario, podrían destinarse a los programas y medidas de protección del
medio ambiente» 122 . No otra cosa se consigue con el apoyo a la gran empresa agraria en detrimento
de las explotaciones familiares, que las más de las veces se ven obligadas a vender sus tierras
en beneficio de aquellas, como lo atestigua la desaparición, entre 1989 y 1995, del 57 por
100 de explotaciones menores de 5 hectáreas, a la vez que se incrementaron en un 20 por 100
aquellas cuya dimensión era superior a las 20 hectáreas 123 .
Bien es verdad que un cambio de rumbo razonable obligaría a concebir la PAC como una
política agraria que atendiese, en primer lugar, a la peculiar composición social, características y
clima de los diferentes territorios, así como a un uso diferencial de los incentivos penalizando
aquellos cultivos o prácticas especialmente agresivas con el entorno y evitando así que la subvención
se convierta en un estímulo para la degradación 124 . Lo que exigiría que, desde el punto
de vista ambiental, en la configuración de las grandes líneas de actuación y en la normativa comunitaria
no primasen tanto los problemas y objetivos de las agriculturas del norte de Europa —
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