Informe mundial sobre la violencia y la salud editado por ... - teach-vip

CAPÍTULO 9. CÓMO PROCEDER: RECOMENDACIONES • 269
centralizado hasta un sistema federal con división
de poderes entre los gobiernos local, regional y
nacional. Sea cual sea la estructura, sin embargo, los
procesos de planificación estratégica —por lo general
dirigidos por el gobierno nacional, pero en
los que se incluye a otros niveles y sectores— pueden
ser útiles para generar consenso, establecer
objetivos y calendarios y asignar responsabilidades
a todos aquellos que puedan contribuir con algo.
Algunas organizaciones de las Naciones Unidas y
organismos de desarrollo bilateral han adquirido
considerable pericia en la planificación estratégica
de cuestiones de salud pública en países en desarrollo,
y podrían ayudar a prevenir la violencia.
Recomendaciones
Las recomendaciones siguientes pretenden incitar
a la acción en respuesta a la violencia. Para que se
logren sus objetivos, todas las recomendaciones
deben ser tomadas en cuenta por los diversos sectores
y partes interesadas.
Obviamente, estas recomendaciones deben aplicarse
con flexibilidad y con una adecuada comprensión
de las condiciones y capacidades locales.
Los países que atraviesan una situación de violencia
colectiva, o cuyos recursos financieros y humanos
son escasos, tendrán dificultades o no podrán
por sí solos aplicar algunas de las recomendaciones
nacionales y locales. En tales circunstancias, quizá
puedan trabajar con organizaciones internacionales
o no gubernamentales que operan en su territorio,
las cuales pueden apoyar o poner en práctica
algunas de las recomendaciones.
Recomendación 1.
Crear, aplicar y supervisar un plan nacional
de acción para prevenir la violencia
La elaboración de un plan nacional de acción multisectorial
es un elemento fundamental para realizar
actividades permanentes de prevención de la
violencia. Quizá no siempre sea fácil de lograr, dadas
las comprensibles exigencias populares de acción
inmediata para tratar los efectos más visibles de
la violencia. Pero los dirigentes nacionales deben
comprender que los beneficios de una estrategia
sostenida de salud pública serán más sustanciales y
duraderos que las políticas reactivas a corto plazo.
Dicho plan de acción requerirá un compromiso político
visible y el peso de su autoridad moral.
Un plan nacional de acción para prevenir la violencia
debe incluir objetivos, prioridades, estrategias
y responsabilidades asignadas, así como un
calendario y un mecanismo de evaluación. Debe
basarse en un consenso entre muchos agentes gubernamentales
y no gubernamentales, con inclusión
de las organizaciones participantes que
proceden. El plan debería tomar en cuenta los recursos
humanos y financieros disponibles ahora y
en el futuro para su ejecución e incluir elementos
tales como la revisión y reforma de las leyes y las
políticas existentes, el desarrollo de medios para la
recolección de datos y la investigación, el fortalecimiento
de los servicios para las víctimas, y el establecimiento
y evaluación de respuestas preventivas.
Para que el plan pase de la teoría a la práctica, es
indispensable atribuir a una organización concreta
la responsabilidad de vigilar e informar periódicamente
sobre el progreso logrado en estos y otros
elementos del plan.
Se necesitará arbitrar mecanismos de coordinación
a escala local, nacional e internacional para
permitir la colaboración fructífera entre sectores
como el jurídico penal, el educativo, el laboral, el
sanitario y el de bienestar social, así como de otros
posiblemente interesados en el desarrollo y la ejecución
del plan. Mecanismos tales como los grupos
de estudio nacionales, los comités interministeriales
y los grupos de trabajo de las Naciones Unidas
podrían facilitar tal coordinación. A nivel local pueden
crearse o utilizarse consejos, grupos de estudio
comunitarios y redes para ayudar a elaborar y
poner en práctica el plan.
Recomendación 2.
Aumentar la capacidad de recolección de
datos sobre la violencia
En el plan nacional de acción para la prevención de
la violencia debe contemplarse establecer o mejorar
la capacidad nacional de recolectar y analizar
datos relativos a la magnitud, las causas y las consecuencias
de la violencia. Estos datos son necesarios
para fijar las prioridades, orientar el diseño de los