Plan Nacional sobre Drogas. Memoria 2010

2. Estado de situación y respuestas a los problemas
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1. actividadEs normativas
En el año 2010 se han aprobado y publicado en España varias normas jurídicas de gran interés e importancia relativas
al fenómeno de las drogas —y también relacionadas con otras materias conexas con el mismo—, tanto de carácter
penal y procesal penal, como de carácter administrativo.
En primer lugar, en el ámbito de la normativa penal y procesal penal, hay que destacar la Ley Orgánica 5/2010, de 22
de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que se encuentra en
vigor desde el día 23 de diciembre de 2010.
Por lo que respecta a las disposiciones aplicables al tráfico y el consumo ilícitos de drogas tóxicas contenidas en dicha
Ley Orgánica, la reforma que ésta introduce se ha justificado, esencialmente, en tres tipos de consideraciones: sobre
todo en la necesidad de adecuar la normativa española vigente a la Decisión Marco 2004/707/JAI, del Consejo, de 25
de octubre de 2004, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y penas
aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas —que expresamente se transpone al ordenamiento jurídico español
con la norma legal reseñada—; también en la oportunidad de incorporar la sugerencia efectuada el 25 de octubre de
2005 por el Pleno —en reunión no jurisdiccional— de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, referida a la conveniencia de
reducir las penas de prisión aplicables en supuestos delictivos de escasa gravedad o entidad; y, por último, en menor
medida, en razones de carácter técnico.
De acuerdo con lo anterior, la reforma legal se centra, en primer término, en una modificación parcial de la duración
—mínima y máxima— de algunas de las penas de privación de libertad, con el fin de adecuarla a la prevista en la normativa
comunitaria; en determinados supuestos dicha duración ha aumentado, y, en cambio, en otros se ha reducido,
habiendo quedado afectados tanto el tipo penal básico, como los agravados. En cualquier caso, con tales cambios
legales se ha venido a reforzar el principio de proporcionalidad de las penas de prisión aplicables, tomando en consideración
la gravedad de la lesión del bien jurídico protegido producida a través de las distintas conductas contempladas
y el reproche jurídico que éstas merecen.
Así, en el tipo penal básico (establecido en el artículo 368 del C.P.), la reciente reforma legal ha supuesto que en las
conductas antijurídicas ya contempladas por el mismo (cultivo, elaboración, tráfico y otras conductas de promoción,
favorecimiento o facilitación del consumo ilícito), en las que no concurran circunstancias agravatorias de la responsabilidad,
y siempre que el objeto material del delito esté constituido por drogas tóxicas —estupefacientes o sustancias
psicotrópicas— que causan un grave daño a la salud, el límite máximo de duración de la pena de prisión aplicable
ha experimentado una disminución, al pasar de 9 a 6 años; quedando, por su parte, el límite mínimo en tales supuestos,
así como la duración —mínima y máxima— de la pena de prisión aplicable cuando el objeto material sean drogas
tóxicas que no causan grave daño a la salud, establecidos sin modificación alguna (al igual que las penas de multa
y las penas accesorias) con respecto al régimen anteriormente vigente.
Además, el nuevo tipo penal básico prevé otra novedad muy destacable. En efecto, con arreglo a la misma, se ha introducido
en el referido artículo 368 del C.P. un nuevo párrafo que prevé un tipo penal atenuado (de aplicación tanto a
los supuestos de cultivo, elaboración, tráfico, etc... ilícitos de drogas tóxicas que causan grave daño a la salud, como
de las que no causan este grave daño a la salud), conforme al cual, en atención a la escasa entidad del hecho, así como
a las circunstancias personales del culpable, los tribunales podrán imponer a éste la pena inferior en grado; no obstante,
hay que resaltar también que la ley prevé expresamente la imposibilidad de hacer uso de tal facultad cuando
concurra alguna circunstancia agravatoria de la responsabilidad de las establecidas en los artículos 369 bis y 370.
En cuanto a los supuestos agravatorios de la responsabilidad referidos a conductas cometidas en el seno de organizaciones
delictivas (que tienen ahora su regulación específica dentro del nuevo artículo 369 bis del C.P.), los límites mínimos
y máximos de duración de la penas de prisión previstos en la ley han sufrido también parcialmente diversas alteraciones
(algunas de ellas con una variación cuantitativa notable) que, en determinados casos supone un aumento, y,
en otros, una disminución de aquélla; estos cambios han afectado tanto a las penas aplicables a los culpables que sean
miembros de dichas organizaciones, pero que no tengan la condición de jefes, encargados o administradores de las
mismas, como también a las más graves, de aplicación a quienes tengan las indicadas condiciones, y cualquiera que
sea el tipo de drogas tóxicas objeto del delito.
También merecen ser destacadas otras dos novedades introducidas en la normativa vigente con la L.O. 5/2010. La primera
de ellas es la supresión como agravante específica de la importación o exportación de las drogas (aunque tales
conductas seguirán siendo constitutivas de delito en el derecho español conforme a la legislación penal especial vigente
sobre represión del contrabando).