Plan Nacional sobre Drogas. Memoria 2010

2. Estado de situación y respuestas a los problemas
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Y, la segunda, sobre todo la regulación (en consonancia con la admisión que, de una forma generalizada, se hace en
el nuevo artículo 31 bis del C.P.), también dentro del nuevo artículo 369 bis del C.P., de la responsabilidad penal de la
personas jurídicas (salvo algunas excepciones) por la comisión de los delitos de tráfico ilegal de drogas —y/o otros
conexos—, no sólo cuando éstos sean cometidos por cuenta y en provecho de las mismas por sus representantes o
administradores, sino, también, cuando se hayan cometido por personas dependientes de los mismos y no se haya ejercido
sobre ellas el debido control; debiéndose tener en cuenta, además, que tal responsabilidad no se extinguirá con
la muerte de la persona física culpable, y también que pueden ser impuestas a las persona jurídicas penas (multas y
otras) con independencia de las que correspondan a las personas físicas.
En fin, la reforma penal, en lo que se refiere a los delitos de tráfico ilegal de drogas, se completa con una revisión
del régimen del comiso (consecuencia accesoria de las penas previstas en cada caso), al haberse modificado también
el artículo 127 del C.P. (de aplicación por remisión del artículo 374.1). De acuerdo con ella, el comiso comprenderá
ahora también los bienes, instrumentos, efectos y ganancias procedentes de las actividades delictivas
cometidas en el marco de una organización criminal, estableciéndose, al mismo tiempo, una presunción legal (que
admite prueba en contrario) de pertenencia de los mismos a la organización cuando el patrimonio de las personas
pertenecientes a la misma, y condenadas, sea desproporcionado con respecto a los ingresos lícitamente obtenidos
por cada una de ellas.
Otras novedades de interés que se introducen con la L.O. 5/2010, de 22 de junio, no son específicas de las delitos de
tráfico ilegal de drogas y otros conexos, pero merecen ser resaltadas por ser particularmente susceptibles de aplicación
en los supuestos citados, o bien en otros distintos, cuando —en ambos casos— sean cometidos por consumidores
de la referidas sustancias: a) en primer lugar, se trata de la reforma del artículo 100.3 del C.P., que ha supuesto la
despenalización —como quebrantamiento de medida de seguridad— de la negativa del sujeto a someterse a tratamiento
médico, o a continuar un tratamiento inicialmente consentido, cuando tal medida se hubiera impuesto al responsable
de un delito, si bien, en tales casos, el Juez o Tribunal podrá sustituir la medida por otra que sea aplicable;
y, b), en segundo lugar, la introducción en el artículo 106 del C.P. de una nueva pena, denominada “libertad vigilada”,
que conlleva la sumisión del condenado a un control judicial posterior al cumplimiento de una pena privativa de
libertad a través de la imposición de obligaciones —y/o prohibiciones— de diversa naturaleza, entre las cuales se contempla
la de seguir un tratamiento médico externo o de someterse a control médico periódico.
Para concluir el examen de los principales aspectos abordados por la reforma referida, deben reseñarse, asimismo, las
modificaciones que la precitada L.O. 5/2010 ha llevado a cabo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la introducción
en ésta del nuevo artículo 367 septies, y también del cambio en la redacción del artículo 796.1.7ª, por su interés
en la elaboración de este informe.
Por medio del primero de dichos preceptos legales, se crean las llamadas “Oficinas de Recuperación de Activos”
(cuyas funciones en el ámbito material de los delitos de tráfico ilegal de drogas y otros conexos serán desempeñadas
—de acuerdo con el mismo precepto— por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas), a las
que los Jueces y Tribunales podrán encomendar la conservación, la administración e, incluso, la realización de los bienes
y ganancias incautados por la Policía cuando procedan de actividades delictivas llevadas a cabo por organizaciones
criminales; e igualmente habilita a que las autoridades judiciales puedan autorizar —durante el procedimiento
judicial— la utilización provisional de aquellos bienes y ganancias ya sea por la propias oficinas citadas o bien por la
Policía Judicial.
Finalmente, con la nueva redacción dada al segundo de las preceptos reseñados —aplicable al enjuiciamiento rápido
de delitos contra la seguridad vial— el legislador ha regulado expresamente en la normativa procesal la realización de
pruebas de consumo de drogas tóxicas —estupefacientes y sustancias psicotrópicas— y la ejecución de los mismos por
agentes de la Policía Judicial con formación específica, la obligación de facilitar saliva para ser analizada en laboratorios
homologados que se impone a los conductores de vehículos que hubieran dado resultado positivo en el previo
test —también de obligado cumplimiento—, así como también el derecho de los mismos a solicitar prueba de contraste
—por medio de análisis de sangre, orina u otras pruebas análogas— que será realizada por personal sanitario,
el cual remitirá el resultado al Juzgado de Guardia.
Al margen de la reforma penal descrita, hay que destacar también (por la importancia que tiene para la cooperación
internacional en la lucha contra el trafico ilegal de drogas y de otros delitos conexos con él) la aprobación en el año
de referencia, de la Ley 4/2010, de 10 de marzo, para la ejecución en la Unión Europea de resoluciones judiciales de decomiso.
Con esta norma se han incorporado al derecho interno español la Decisión Marco 2006/783/JAI, del Consejo, de
6 de octubre de 2006 y su modificación efectuada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo de 26 de febrero.