Plan Nacional sobre Drogas. Memoria 2010

2. Estado de situación y respuestas a los problemas
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También hay que destacar la transferencia de fondos a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla y
León y Cataluña para la implementación de programas dirigidos a combatir la exclusión social y prevenir la
delincuencia.
De acuerdo con diferentes fuentes, se ha intentado describir una panorámica global de la situación de estas medidas
en nuestro país:
• Servicios Sociales Penitenciarios de la Administración General del Estado. A 31 del diciembre de 2010 fueron
notificadas 234.935 sentencias de medidas alternativas:
– El 89% consistieron en trabajos en beneficio de la comunidad (TBC). Hay que subrayar que el 76% se aplicaron
a delitos por seguridad vial y el 15% por violencia de género. En estas tipologías delictivas destaca el
consumo de alcohol.
– El 9% consistieron en suspensiones y sustituciones.
– El 2% consistieron en medidas de seguridad.
Durante el año 2010 se ha generalizado, como forma de cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad
(TBC), la participación en los Talleres de Sensibilización en Seguridad Vial (TASEVAL), llegando a la
cifra de más de 48.000 penados los que han cumplido condena por esta vía. Hay que tener en cuenta que el 76%
de las personas condenadas a TBC lo son por delitos de seguridad vial, y el 62% de estos delitos son por conducir
bajo los efectos del alcohol (Estudio de perfil penal y sociodemográfico de los penados a TBC, realizado
por la Secretaría de Instituciones Penitenciarias).
El artículo 49 del Código Penal, en virtud de la modificación operada por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio,
faculta el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad a través de la participación del
penado en talleres o programas formativos o de reeducación, entre los que cita textualmente los de educación
vial (La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica el Código Penal, regula delitos de seguridad
vial, introduciendo la libertad vigilada como medida de seguridad. Ésta se impone en sentencia junto a la
pena de prisión para su ejecución posterior a la excarcelación).
• Estadísticas de la Dirección General de Justicia Juvenil de Cataluña. Durante el año 2010, los juzgados notificaron
a esa Dirección General un total de 17.319 demandas de aplicación de una medida alternativa. El 3,2%
de las mismas consistieron en tratamientos de deshabituación para drogodependientes.
El 55,6% de las medidas penales alternativas en ejecución a 31 de diciembre de 2010 se registraron por delitos
contra la seguridad vial, seguidos de los delitos por violencia de género (18,94%).
Los datos antes citados destacan la incidencia del consumo de alcohol en delitos contra la seguridad vial, de sangre,
de agresión sexual, de violencia doméstica y otros, debido al efecto desinhibitorio del alcohol.
De acuerdo con ello, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha firmado un convenio con la Asociación
de Alcohólicos Rehabilitados para la colaboración en la intervención de los condenados por delitos contra la seguridad
relacionados con el consumo de alcohol. En este sentido, hay que destacar las siguientes actividades:
• El programa de intervención con preventivos de la Asociación de Nueva Gente, en Salamanca (en el perfil de
estos internos destaca la comisión de delitos contra la seguridad vial por abuso y dependencia al alcohol).
• La Estrategia marco de Seguridad Vial de Castilla y León que tiene como objetivo reducir los accidentes de tráfico
por consumo de drogas (en esta Comunidad, el 23,3% de las medidas alternativas a la pena privativa de
libertad se aplicaron a personas dependientes del alcohol).
• También Ceuta tiene como prioridad la prevención del consumo de alcohol y riesgos asociados a la conducción.
Por último, la información del año 2010 suministrada por los Planes Autonómicos sobre Drogas pone de manifiesto
que un total de 3.903 personas han sido derivadas a tratamiento desde juzgados y 2.237 reclusos, a tratamiento en
comunidad, desde los centros penitenciarios.
A 1 de enero de 2010 un total de 560 internos estaban en tratamiento de deshabituación en recurso comunitario por
aplicación del tercer grado condicionado a tratamiento residencial. Durante el mismo año, un total de 1.369 internos
fueron atendidos en este tipo de recurso comunitario por aplicación del tercer grado condicionado (art. 182 del Reglamento
penitenciario).