CPC_INC-2014-2015-1

dida en que la abogacía de la competencia
otorgar al delator o colaborador la exone-
e investigar prácticas anticompetitivas
amplíe su espectro de revisión de proyec-
ración de hasta la totalidad de la multa
en el mercado.
tos de regulación y sea reconocida como
un instrumento de promoción de competencia,
será posible encaminar el desarrollo
de políticas sectoriales minimizando
riesgos para el mercado.
Finalmente, se debe insistir en la necesidad
de un cambio normativo que permita
que la abogacía de la competencia
se realice sobre regulación existente y no
únicamente sobre proyectos nuevos de
regulación, como lo establece el artículo
7 de la Ley 1340 de 2009. Esta acción es
fundamental para mejorar el inventario
regulatorio actual del país.
política de delación
En el ámbito internacional, la política
de delación se ha visto como una herramienta
efectiva para combatir carteles,
dado que puede incentivar a un
miembro a confesar su participación y
proporcionar información relevante y
privilegiada sobre el funcionamiento de
dicho cartel. Así, la política de delación
es un mecanismo muy útil para las autoridades
de competencia para quienes
es difícil descubrir la existencia de carteles
en el mercado 20 .
El artículo 14 de la Ley 1340 en
2009 y el Decreto 2896 de 2010 señalan
la posibilidad que tienen los participantes
en una conducta anticompetitiva
de acogerse a beneficios por colaboración
si delatan la existencia de dicha
conducta y aceptan haber sido partícipes
en ella. Estos beneficios le pueden
que le impondría la SIC por incurrir en la
conducta anticompetitiva. No obstante,
la exoneración o rebaja no se puede otorgar
al instigador o promotor de la conducta
aun cuando sea el delator.
Si la conducta se presenta en el marco
de un proceso de selección con una
entidad estatal, dicha conducta, que típicamente
será la de colusión, está tipificada
como delito en el artículo 410A del
Código Penal 21 . Los beneficios por colaboración
en este caso, además de la posible
exoneración de la multa administrativa,
consisten en: i) reducción de la pena en
una tercera parte; ii) reducción de la multa
a un 40%; y iii) reducción de tres (3)
años en la inhabilidad para contratar con
entidades estatales, que pasa de ocho
(8) a cinco (5) años.
Se destaca que el acuerdo al que
lleguen los colaboradores con la SIC es
confidencial. La rebaja o exoneración
de la multa que se haya otorgado a los
colaboradores únicamente se conocerá
en el momento en que la SIC profiera la
resolución de decisión de la investigación
administrativa.
De acuerdo con información proporcionada
por la SIC, actualmente hay al
menos cinco casos en los que empresas
se han acogido a los beneficios por colaboración
y han revelado la comisión de
conductas anticompetitivas, que están
aún en fase preliminar.
Se destaca así el logro de la SIC de
poner en marcha la política de delación,
una herramienta muy útil para descubrir
RECOMENDACIONES
Con fundamento en el diagnóstico
precedente, el CPC considera que las
siguientes recomendaciones contribuirían
a alcanzar mejores resultados
en la política de competencia, que redunden
en un aumento en la competitividad
del país.
En primer lugar, es imperante que el
Gobierno nacional estudie alternativas
sobre la forma como es nombrado el Superintendente
de Industria y Comercio,
así como sobre la conveniencia de que
sea nombrado por un período fijo, tal y
como sucede con los Codirectores del
Banco de la República.
También es fundamental hacer un
análisis profundo sobre la forma como
se debe estructurar la toma de decisiones
sobre casos de prácticas restrictivas
de la competencia porque si bien en
teoría existe una clara separación entre
la fase de investigación y la fase de decisión,
también es cierto que en la práctica
dicha separación puede ser difícil de
obtener si no se cuenta con los mecanismos
adecuados. Concretamente, se recomienda
restringir algunas facultades
de la Delegatura para la Protección de la
Competencia, tales como la de proyectar
las decisiones de los casos de competencia
que investiga.
Adicionalmente, el proceso de toma
de decisiones por parte del Superintendente
con el apoyo del Consejo Asesor
promoción y protección de la competencia consejo privado de competitividad
20. OCDE (2002).
21. El artículo 410A fue adicionado por la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación
y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
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