INFORME MILENIO ECONOMIA Gestión 2011.pdf, 2.34 MB - Cedla

II DESEMPEÑO PRODUCTIVO E INVERSIÓN
jurídica y la toma de operaciones mineras
y empresas.
En este ambiente se incrementaron los
conflictos entre las empresas mineras y
los pobladores rurales. Un número
creciente de operaciones mineras fueron
intervenidas por pobladores rurales el año
2011; se mantienen en poder de sus
ocupantes ilegales más de 100
establecimientos mineros. Por cuarto año
consecutivo y en forma recurrente se
mantuvo la ocupación y explotación
irregular del yacimiento de wolframio por
parte de pobladores rurales (apoyados
por las cooperativas mineras), ubicado a
escasos 25 km de la sede de gobierno,
ante la inacción de la autoridad para
restablecer la vigencia de la ley.
En el mes de abril las acciones de
empresas mineras transnacionales que
producen plata y con intereses en Bolivia,
cayeron en el mercado, ante los anuncios
del gobierno de Bolivia de nacionalizar
algunos derechos mineros. Estas
amenazas no se cumplieron. A nivel de
relaciones sociales, la Mina San Cristóbal
que es la tercera productora más grande
de plata en el mundo y la tercera en zinc,
enfrentó en marzo de 2011 una huelga
por 15 días. El sindicato reclamaba
mejores condiciones de trabajo y mejora
de los servicios médicos en la mina,
después de la muerte de un minero a
principios de marzo.
Es posible realizar inversiones en
ambientes de alto riesgo político e
institucional, siempre que la tasa de
retorno del proyecto minero en cuestión
sea tan alta que cubra en demasía el alto
costo por riesgo, éste es el caso de los
proyectos San Cristóbal y San Bartolomé
que fueron implementados y puestos en
marcha desde el año 2007.
No se avizoran nuevos proyectos de
inversión significativos al margen de los
que ingresaron en producción entre los
años 2007-2009 (San Cristóbal, San
Bartolomé y San Vicente). Recordemos
que dichos proyectos recibieron
inversiones de riesgo en exploración en
la década de los años 90 e iniciaron
operaciones cuando la coyuntura de
precios fue ampliamente favorable. El
contrato Mutún suscrito por el gobierno
con la empresa privada Indú “Jindal”, se
mantiene en el ámbito de indefiniciones
e incumplimientos por parte del Gobierno
y de la Empresa, debido a que no existe
–a cuatro años de su suscripción- un
estudio de factibilidad, ni las inversiones
necesarias en infraestructura energética
y de transporte que viabilice la realización
de inversión comprometida (US$ 2,5 mil
millones). El gran interés de empresas de
primer nivel por la explotación del litio en
la Salar de Uyuni, no ha avanzado más
allá de las negociaciones políticas con un
alto contenido ideológico.
En materia tributaria se mantuvo la
vigencia del régimen de regalías mineras,
la Ley N° 3787 de 24 de noviembre de
2007, reglamentada por el D.S. 29577 de
21 de mayo de 2008. Este sistema tiene
un carácter rígido e inflexible, ya que
impide captar, vía regalías, las altas rentas
mineras cuando los precios son muy
elevados. El año 2011 el Estado recaudó
US$ 160 millones por concepto de regalías
mineras que representaron el 4,5 por
ciento del valor bruto de la producción.
Esta presión tributaria es inferior a la del
año anterior 2010, en que alcanzó el 4,6
por ciento del valor de producción, y es
muy inferior al nivel de regalías pagadas
en los años 1979 y 1980, cuando
alcanzaron el 18,7 por ciento y el 16,5
por ciento del valor de la producción
minera de esos años. La regalía tiene
tratamientos de excepción para las
Cooperativas Mineras. En efecto, mientras
la Minería Grande representó el año 2011
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