equidad e inclusión social en américa latina - Publicaciones - CAF

capítulo 5. Perspectiva económica:Una política social y fiscal para el agua y saneamientoCabe anotar que los comprensivos diagnósticos realizados por CAF indicanque este sector necesita cambios institucionales profundos en la mayoríade los países (CAF, 2012). Estas reformas deben incluir, en primer término,la clara separación de las funciones de planificación y definición de políticas,regulación y prestación de estos servicios. Mientras las primeras deben serasumidas por los gobiernos nacionales, la prestación debe estar a cargo deentidades regionales o locales.En segundo lugar, estas entidades de prestación deben desarrollar una claraorganización empresarial, ya sea a través de empresas públicas especializadas,esquemas público-privados (generalmente empresas privadas queutilizan infraestructuras que en lo fundamental seguirán siendo públicas)o empresas comunales o solidarias (cada vez más frecuentes en las zonasrurales). Estas formas empresariales son esenciales para mejorar significativamentela eficiencia técnica y económica de los servicios (calidad del agua,reducción de pérdidas, continuidad del servicio, reducción de conexionesinformales y de cuentas impagas). Las mejoras en la eficiencia pueden proporcionar,además, una parte importante de los recursos de inversión necesarios.Aunque las empresas correspondientes deben ser en lo fundamentalde carácter regional o local, la nación puede contribuir a ellas a través de inversionesde su capital en las regiones más pobres, con bancos de desarrolloque provean crédito a las empresas del sector, y con apoyos a la formaciónde sus equipos humanos.En tercer lugar, es necesario generar flujos de información adecuados, queson esenciales para las tareas de regulación, supervisión, planeamiento deinversiones y establecimiento de metas de eficiencia.Por último, pero no menos importante, todo ello requiere despolitizar tantola regulación y supervisión de las entidades del sector, como la provisiónde estos servicios. La política debe incidir, pero fundamentalmente sobre eldiseño de las leyes que determinan principios regulatorios, y sobre cuálesson los subsidios que deben estar a cargo de los gobiernos nacionales, regionaleso locales.ConclusionesEste ensayo argumenta a favor de cimentar la política social sobre el conceptode ciudadanía social y, por ende, de concebir los servicios sociales y públicosbásicos como derechos ciudadanos. Esto significa, a su vez, sustentar la políticasocial sobre los principios de universalidad y solidaridad, e implica que la prioridadde dicha política debe ser desarrollar servicios y prestaciones sociales quese puedan efectivamente universalizar. En este sentido argumenta que la mejorfocalización es una política social universal y que los gastos orientados a ampliarla cobertura de los servicios sociales y públicos son altamente redistributivos.101