equidad e inclusión social en américa latina - Publicaciones - CAF

capítulo 6. Perspectiva de la regulación:Opciones para la regulación del servicio universaleconómica universal será preciso que el Estado, tanto el Estado-Nación como lasAutoridades estatales sub-nacionales, asignen subsidios financiados con impuestosgenerales o con contribuciones cruzadas de naturaleza fiscal, con origen en lossectores pudientes de la población (subsidio cruzado). Debe, además, establecerseclaramente que los costos del financiamiento no son asumibles como un costopara las empresas, sino que su financiamiento es de origen fiscal, en tanto es obligacióndel Estado garantizar la universalidad de suministro.La asignación del subsidio debe focalizar cuál es la población beneficiaria,porque no está claro que usuarios de ingreso medio/bajo (estrato 3) no tenganingresos para pagar su acceso a los servicios, debe especificar la cantidad de consumosubsidiable y cobrar cualquier excedente de este consumo mínimo a lastarifas vigentes. El debate sobre la gratuidad sin contraprestación por el usuariosigue, sin embargo, vigente. El factor gratuidad no es el más relevante si se cuentacon recursos fiscales para cubrirlo 40 ; el elemento relevante es que el suministrono es interrumpible u objeto de corte, bajo ninguna circunstancia, lo cual creaincentivos que pueden ir en detrimento de la sostenibilidad de los servicios y,finalmente, terminen instituyendo situaciones de abuso ante la presencia de unacceso gratuito y permanente al agua, de manera indiscriminada, sin obligaciónalguna por parte del beneficiario.Finalmente, ameritaría valorar hacia adelante, cuál es la respuesta de conductay a cuáles incentivos responden los usuarios objeto del beneficio del mínimovital, para evaluar si como resultado del mínimo vital no interrumpible sin costo,aumentan los consumos promedios de este tipo de usuarios, si pagan oportunamentelos excedentes de consumo por encima del mínimo vital, si se incentivael fraude con conexiones no permitidas para hacerse al beneficio, etc. En tantoson recursos de naturaleza fiscal, deben ser objeto de vigilancia y monitoreo paraque realmente beneficien al usuario que debe ser objeto de la protección estatal.Sería deseable su temporalidad, además de requerir de quien lo recibe, una contraprestaciónen ahorro y contribución a la conservación del recurso.39. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, “a partir del próximo Jueves 23 de febrero de 2013, cuando empieza elprimer ciclo de facturación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, comenzará a regir en la ciudadel consumo mínimo vital de agua para los estratos 1 y 2, que recibirán de manera gratuita 6 metros cúbicos de aguamensuales, tal y como lo anunció en su discurso de posesión el Alcalde Mayor, Gustavo Petro Urrego.” Alcaldía deBogotá. “http//www.bogota.gov.co/secretariageneral/bogotahumana/news1.html” Febrero 2011. Para la fecha, yaexistía de acuerdo con lo previsto en la Ley 142 de 1994, un subsidio del 70% y del 50% del consumo básico promediode 20 m 3 /usuario/mes de los estratos 1 y 2, respectivamente. El programa cuesta al Distrito US$40.000 /añoy será financiado con presupuesto de la Secretaría de Habitat de la Alcaldía, sin especificar el origen de los recursos.La propuesta no discrimina la población objeto del mínimo vital y en la forma como está estructurado el esquemade mínimo vital en Bogotá, estaría violando la Ley 142/94, Artículo 96.6., en tanto los usuarios de los estratos objetodel programa suscribieron un contrato de condiciones uniformes mediante el cual contrajeron obligación de pago ypor ley está prohibido subsidiar por el Estado los costos AOM de provisión del servicio. Recientemente, la Empresade Acueducto de Bogotá implementó un programa de restricción de suministro para los usuarios morosos de estosestratos. Aumentó la morosidad de los usuarios objeto del programa; aparentemente muchos de ellos no estánpagando los excedentes de consumo por encima de los 6m 3 /mes aprobados como mínimo vital.40. Se anota, sin embargo, que la ley colombiana prohíbe subsidiar los costos de operación, administración y mantenimiento.Ley 142 de 1994, Artículo 96.6. Por lo tanto, en Colombia, siempre existiría un consumo que deberíacobrarse necesariamente, y que aproximadamente corresponde a un 15 – 20% del costo total.113