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Equidad e inclusión social en América LATINA:ACCESO UNIVERSAL AL AGUA Y EL SANEAMIENTOde los servicios. Los estados argumentan que los servicios fueron organizadospara servir al conjunto de municipios que componen las regiones metropolitanas.En cualquier caso la Ley nº 11.445/07 establece las directrices generales ylos marcos referenciales para la prestación de los servicios de saneamiento paralas tres esferas de poder (municipal, estatal y federal) constituyendo la políticapública federal para el sector.En resumen, la definición de la política y la planificación para el sector aguapotable y saneamiento son competencias inherentes al poder público. El ordenamientojurídico existente establece competencias para los tres niveles de poder,y establece la obligatoriedad del Plan Local de Saneamiento y la existenciade órganos de regulación, ambos de responsabilidad exclusiva del titular de losservicios, en este caso el municipio.Este es el caso de la región Metropolitana de São Paulo, en donde los sistemasde suministro de agua y de tratamiento de aguas residuales fueron creados conalcance metropolitano desde la década de 1970. Hoy, el sistema metropolitanode agua está constituido por ocho sistemas totalmente integrados, que producenuna media de 68m³/s de agua tratada. El sistema de tratamiento de aguas residualesde la cuenca del Alto Tieté, está estructurado a partir de cinco estacionesde tratamiento de agua residual para atender a toda la cuenca. Al titular delservicio le compete establecer quién será el prestador de los servicios, que segúnel artículo 175 de la CF, puede ser público o privado —en este último caso, laselección debe efectuarse siempre mediante una licitación pública.El financiamiento de los servicios tiene como sustento la tarifa como contraprestaciónpor los servicios de abastecimiento de agua potable y por la recoleccióny tratamiento de aguas residuales, de acuerdo a lo establecido por elorganismo regulador (Ley nº 11.445/97). Los subsidios son admisibles para lafijación de las tarifas a los más pobres y también la transferencia de recursosfiscales para garantizar la viabilidad financiera del prestador de servicios. Deacuerdo con la legislación vigente, la transferencia de recursos fiscales es voluntaria,y no obliga a ningún poder público.La regulación y la fiscalización fueron fortalecidas, a partir de un cambiode paradigma en Brasil y otros países de la región desde finales de 1980. Estecambio se ha traducido en la transferencia de algunos servicios públicos a empresasprivadas, por intermedio de contratos de concesión, y en la consecuentenecesidad de regulación de estos contratos de prestación de servicios públicos.Sobre este particular, hay dos leyes federales con impacto directo en el sectorde saneamiento. La primera es la Ley n.º 11.107 de 2005, que se refiere a consorciospúblicos y acuerdos de cooperación, estableciendo que son nulos loscontratos que transfieren al prestador las responsabilidades de planificación,regulación y fiscalización de los servicios por ellos realizados. La segunda esla Ley n. º 11.445 de 2007, que establece las directrices nacionales para losservicios de saneamiento. En ella se establece que la firma de contratos para laprestación de los servicios de agua y saneamiento debe estar precedida por la154