equidad e inclusión social en américa latina - Publicaciones - CAF

capítulo 6. Perspectiva de la regulación:Opciones para la regulación del servicio universaly a una mejora continua de las condiciones de existencia”, y reconocen elderecho de toda persona al “disfrute del más alto nivel posible de salud físicay mental”. Los Estados que suscribieron el Pacto se comprometieron a“adoptar medidas (...) especialmente económicas y técnicas, hasta el máximode los recursos disponibles para el Estado, para lograr progresivamente, portodos los medios apropiados, inclusive, en particular, la adopción de medidaslegislativas, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales yculturales”. El PDESC consagra estos derechos como de desarrollo progresivo,los cuales pueden hacerse efectivos mediante la adopción por los paísessignatarios de medidas legislativas apropiadas para lograr el pleno disfrutede un nivel de vida adecuado para el individuo y su familia, el cual, como sedesarrolla en instrumentos posteriores, supone el disfrute del acceso al aguay al saneamiento.La Observación general Nº 15 de 2002 del Comité de Derechos Económicos,Sociales y Culturales desenvuelve con amplitud los fundamentos jurídicosdel derecho al agua contenidos en los artículos 11 y 12 del PDESC. Desarrollavarios aspectos de gran importancia para instrumentalizar y dar contenidonormativo al derecho al agua, describe las obligaciones básicas contraídas porlos Estados parte del PDESC, identifica posibles violaciones al derecho y, basándoseen el artículo 2 del Pacto, hace explícito que éste impone a cada Estadola obligación de adoptar progresivamente las medidas que sean necesariaspara asegurar el disfrute del derecho al agua.Al decir del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, la Observacióngeneral ofrece solo una interpretación autorizada de un órgano de expertossobre las disposiciones de diversos pactos y convenios internacionales, entreellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(Asamblea General de las Naciones Unidas, 2007:7). También, al referirsea los instrumentos del derecho internacional donde se hacen referencias alacceso al agua potable y el saneamiento, clarifica que “[s]i bien los tratadosde derechos humanos no reconocen el acceso al agua potable salubre y elsaneamiento como un derecho humano por sí mismo, en los tratados básicosde derechos humanos se han reconocido cada vez más, y de forma másexplícita, algunas obligaciones específicas en relación con el acceso al aguapotable y el saneamiento, principalmente como parte de un derecho a unnivel de vida adecuado y el derecho a la salud (...) Hay también obligacionesvinculadas con el acceso al agua potable que están implícitas en una serie detratados sobre derechos humanos, y se deducen de obligaciones relativas ala promoción y protección de otros derechos” (AGNU, 2007:9). En relacióncon el significado y alcance del saneamiento, el Informe del Alto Comisionadoes claro en reconocer que “los instrumentos de derechos humanos no danmucha orientación sobre el alcance y contenido de la palabra ‘saneamiento’”y reconoce que el marco de derechos humanos en relación con el saneamientosigue siendo impreciso y en general, se asimila con el derecho a la vida105