Kathrin Buhl y Claudia Korol (Orgs.) - Fundação Rosa Luxemburg

sibilidades de privatización de ciertos espacios de la extracción del petróleo; las leyesque norman la producción de energía eléctrica y, las leyes que se adecuan a los tratadosinternacionales de seguridad y lucha antiterrorista: las reformas judiciales 95 .En el nombre del “combate al narcotráfico” y la “lucha antiterrorista” el paísdeviene un campo de batalla donde los verdaderos criminales permanecen en la impunidady los líderes sociales son los perseguidos, criminalizados, encarcelados conprocesos judiciales frecuentemente absurdos .En el nombre del “combate al narcotráfico” y la “lucha antiterrorista” el paísdeviene un campo de batalla donde los verdaderos criminales permanecen en la impunidady los líderes sociales son los perseguidos, criminalizados, encarcelados conprocesos judiciales frecuentemente absurdos 96 .Para elaborar esta presentación se examinó la documentación que el Observatoriode la Conflictividad Social en México elabora día a día desde hace dos años ymedio, con una colección de cerca de dos mil conflictos sociales en el país. De igualforma, se obtuvo información de varias instancias de la sociedad civil y de organizacionessociales.Agradecemos a la Fundación Rosa de Luxemburgo Stiftung por su contribucióna esta investigación.Puntos de partidaLa criminalización de la protesta social está enmarcada fundamentalmenteen un ámbito económico cada vez más complejo y difícil para quienes menostienen. El gobierno federal continúa la política económica neoliberal impulsandoreformas estructurales muy importantes tales como la privatización parcial de la industriaenergética, la apertura comercial del sector agropecuario de granos básicos;la entrada de semillas y productos transgénicos; la privatización de la seguridadsocial; la flexibilización de las leyes laborales (precarización); la mercantilizaciónde recursos naturales y la instalación de megaproyectos en comunidades indígenasy rurales pobres del país. Por otra parte ha implementado una reforma fiscal queimplicó una serie de aumentos en los precios de bienes y servicios, así como envarias tarifas públicas y forzó a las clases medias a pagar un nuevo impuesto que lasgrandes compañías eluden.95 Los acuerdos contenidos en el ASPAN y en el Plan Mérida.96 Tales son los casos de Ignacio del Valle sentenciado a 67 años de prisión por crímenes que notoriamente no cometió, enel contexto de los hechos represivos de San Salvador Atenco, Estado de México. Otro caso es el de los Srsdel Sr. FlavioSosa y Horacio Sosa, detenidos por crímenes que un año y medio después un juez federal calificó como inexistentes: enel tiempo que permanecieron en prisión fueron sometidos a torturas, trasladados de un reclusorio a otro, pasando por el demáxima seguridad del país.138