Kathrin Buhl y Claudia Korol (Orgs.) - Fundação Rosa Luxemburg

Señala el CELS: “Las relaciones informales e ilegales entre las agencias de seguridadprivada, personas vinculadas al terrorismo de Estado durante la última dictaduramilitar y funcionarios de la policía bonaerense, fue acreditada en la causa por elasesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas el 25 de enero de 1997. En el juiciooral que tuvo lugar entre el 14 de diciembre de 1999 y el 2 de febrero de 2000, se demostróque el homicidio había sido cometido en virtud de la instigación que GregorioRíos, jefe de la custodia privada del fallecido empresario Alfredo Yabrán, ejerció sobreel ex policía bonaerense Gustavo Prellezo. A su vez, el policía había reclutado paraconcretar el secuestro y homicidio de Cabezas a un grupo de personas del barrio LosHornos, de la ciudad de La Plata. También se determinó que los ex policías SergioRubén Cammaratta y Aníbal Luna brindaron apoyo sustancial para el homicidio, yaque fueron el nexo entre los imputados de Los Hornos y el ex policía Prellezo. Segúnley 12.297, Art. 8º, y las modificaciones de las leyes 12.381 y 12.874, que regulan lasactividades de las personas jurídicas prestadoras del servicio de seguridad privada,no pueden desempeñarse en el ámbito de la seguridad privada quienes hayan sidoexcluidos de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, policiales, del Servicio Penitenciarioo de organismos de inteligencia por delitos o faltas, ni quienes posean antecedentesde condenas o procesos judiciales en trámite por delitos dolosos o culpososrelacionados con el ejercicio de la función de seguridad. Según el presidente de la CámaraArgentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), existen en todoel país unos 200.000 vigiladores privados, de los cuales 50.000 trabajan en negro”.En algunas zonas del país, la presencia de custodios privados de seguridad degrandes emprendimientos vinculados a la explotación de recursos naturales y tenenciade tierras adquiere características de grupos parapoliciales. En la provincia deSantiago del Estero se denunció la existencia de grupos de seguridad contratadospor grandes propietarios que, además de custodiar sus tierras, tienen como funciónamedrentar a los campesinos con los que sus patrones tienen disputas. Estos gruposactuarían encapuchados y fuertemente armados.b.2. Las batallas por el territorio de los pueblos originarios y de lasorganizaciones campesinasEn los espacios rurales, se libran decisivas batallas por el territorio, alrededorde las cuales se estructuran elementos fundantes de la identidad y de la cultura delos pueblos. La criminalización que se hace de estas acciones, reconoce prácticas especiales,tanto en las políticas de terror que se aplican hacia las comunidades, comopor el tratamiento mediático de las mismas. Señalan Patricia Agosto y Claudia Brionesen un análisis sobre cómo es criminalizado en Argentina el pueblo mapuche :66