Kathrin Buhl y Claudia Korol (Orgs.) - Fundação Rosa Luxemburg

genocida vive con su familia, con sus vecinos. Esta forma de denuncia, que identificaresponsabilidades individuales, cuando la justicia declina de hacerlo, se extendió aotros movimientos sociales, poniendo en debate la legitimidad del sistema judicial,por un lado, y por otro la tranquilidad que la impunidad ofrecía a quienes eran/sonresponsables de crímenes aberrantes. Los “escraches” actualmente se realizan tanto aun genocida de la dictadura, como a un dirigente político responsable de habilitar laspolíticas de contaminación y saqueo. En el escrache, la vida privada se vuelve pública.El “vecindario” sabrá las responsabilidades sociales de quienes comparten el mismoespacio territorial. Esto provoca no sólo inquietud, sino nuevas exigencias de fortalecimientode las medidas que alejen a “los indeseables” de los lugares habitados porlos sectores sociales ligados por múltiples lazos al poder. En esta disputa se inscribe labatalla que se ha venido librando a partir del 2001, cuando las fuerzas sociales ocuparonel espacio público a través de iniciativas que desafiaban la negación social que elmodelo venía creando para invisibilizar las zonas de exclusión.La reorganización territorial realizada por la dictadura, dejó a la ciudad deBuenos Aires como “vitrina” de una Argentina “blanca, moderna, europea…”. Lugarpreparado para el turismo, y para la ilusión de los sectores medios porteños de haberganado la visa al primer mundo. Esta concepción se reprodujo en la mayoría de lasgrandes ciudades argentinas (Rosario, Córdoba, Mendoza, entre otras), dando lugara políticas de “limpieza social”, que impiden el ingreso a la ciudad de sectores empobrecidos.El impedimento se aplica solamente a movilizaciones y concentracionesconvocadas por organizaciones de desocupados opositoras al gobierno nacional.Cuando algunos organismos de derechos humanos denunciaron la arbitrariedad y lailegalidad de esta disposición; el Gobierno cambió de estrategia, poniendo condicionamientosdiscrecionales a algunas marchas. Ha sido una constante desde entoncesla guerra contra los cartoneros 51 –reeditada en los primeros tramos del gobierno deMauricio Macri en Capital Federal-, la propuesta de creación de “zonas rojas” parala prostitución, que confina a las mujeres arrojadas a la calle por la miseria en verdaderosghettos controlados por la autoridad policial, la persecución a l@s vendedor@sambulantes. Esta batalla por el control del espacio público se extiende al enrejamientode las plazas (“para que no duerman allí mendigos”), a las rejas con que se bloqueala Plaza de Mayo y los edificios públicos en momentos de conflicto, a la presenciapolicial o de seguridad privada en lugares públicos como las Universidades, violandoabiertamente la autonomía universitaria. También a mecanismos de vigilancia quetransforman a barrios completos en “barrios privados”.51 Los ejércitos de hombres y mujeres, niños y niñas revolviendo la basura en las horas nocturnas, era una visión demasiado“fantasmagórica” para los miedos tolerables por el “sentido común”.65