Kathrin Buhl y Claudia Korol (Orgs.) - Fundação Rosa Luxemburg

fuentes de ingresos de las organizaciones sociales, y políticas populares (Arts. 4 a 8de la ley), pudiendo disponer de los servicios de todas las agencias de inteligencia delEstado. Está facultada para solicitar la suspensión de cualquier operación o acto aúnantes de su realización cuando existan a su criterio indicios de que se trata de dineroproveniente o con destino a un “integrante” u “organización terrorista”, solicitar la confiscaciónpreventiva de fondos o decomiso de bienes de las organizaciones populareso cualquier particular. Con esta herramienta represiva (la cual se complementa entreotras con la 25.241, 25.246 y los diferentes tratados internacional sobre terrorismo),se profundiza con la institucionalización de los infiltrados y provocadores en las organizacionespopulares, así como en la incorporación de la figura del arrepentido (Art. 9que hace aplicable la ley 25.241). Una norma tan ambigua en la tipificación de lo quees un acto de terrorismo, abre las puertas para considerar terrorista a cualquiera que seoponga a las políticas gubernamentales y decida militar activamente en su contra. Enpocas palabras, se torna en una excusa perfecta para la persecución política.Junto a estas medidas, EE.UU. decidió reactivar su IV Flota de Guerra, quevolvió al servicio activo el 1º de julio de 2008 para “combatir el terrorismo y actividadesilícitas como el narcotráfico”, informó el Pentágono. “Servirá para mandar unmensaje a toda la región y no sólo a Venezuela” dijo el Contralmirante James Stevenson,Comandante de las Fuerzas Navales del Comando Sur.Algunas iniciativas de los movimientos popularesLos temas abordados en la investigación son de una enorme amplitud. Sin embargo,cuanto más analizamos quiénes son “los sujetos del orden” que han venido trabajandoen la implementación de las políticas de criminalización de los movimientospopulares, constatamos las estrechas relaciones entre los mismos y quienes legislanlas políticas antiterroristas, o quienes responden a las demandas de seguridad -construidasy alentadas desde los medios de comunicación de masas-. También podemosidentificar la ideología que nutre cada aspecto de estas políticas disciplinadoras quetienen como objetivo garantizar la gobernabilidad, asegurar los intereses de las éliteslocales, y domesticar las rebeldías populares, creando las condiciones subjetivas parala reproducción del capitalismo real.Los movimientos populares han reaccionado frente a estos procesos de maneracreativa en muchos casos, de manera defensiva en otros; y en esa experienciafueron identificando algunas maneras de disminuir el impacto que las políticas decriminalización tienen en la subjetividad popular. Algunos de los objetivos que handefinido, tienden a suturar la fragmentación entre el mundo de los excluidos/as, ylos sectores de trabajadores/as, así como los sectores medios. Resulta fundamental,en esta dirección, concebir como parte de las acciones políticas y organizativas, labatalla cultural, tendiente a visibilizar el derecho negado por el cual se está luchando,los esfuerzos realizados para acceder a esos derechos.71