Kathrin Buhl y Claudia Korol (Orgs.) - Fundação Rosa Luxemburg

protección que se firmó aún más con la omisión y aún en ciertas áreas, con elrespaldo judicial 72 .Una siguiente etapa se ha iniciado con la adopción del empleo de las empresasde seguridad por las grandes empresas del agro-negocio y de la producciónde transgénicos.En el Estado de Espírito Santo, la empresa Aracruz Celulose adopta lacontratación de empresa de seguridad para enfrentar indígenas y quilombolasque han sido expulsados de sus tierras para la expansión de la producción deeucalipto 73 .En Paraná, Syngenta organiza la violencia en esos mismos moldes, y ha producidopor lo menos un homicidio constatado 74 .En Pernambuco, empresas de seguridad al servicio de centrales azucarerasusurpan del Estado el monopolio de la violencia; en Paraíba, policías actuando comoparticulares privatizan la exclusividad.En todo Brasil la privatización de la fuerza se da cada vez más a paso con laautorización estatal para su empleo, bajo la máscara de empresas de vigilancia, con laprivatización de la acción estatal y la expansión de la represión del Estado.El Ministerio Público y el Poder Judicial sacan filo a sus navajas y cortanhondo en la carne de los movimientos sociales, en lo que más específicamentese ha denominado criminalización.Es así que dirigentes y más dirigentes de movimientos sociales y sindicalesrurales y urbanos van conociendo las barras de los tribunales.En los más recientes episodios, el Ministerio Público del Estado de RioGrande do Sul dejó que se conociera el acta de una reunión de su Consejo Superioren la que diversos promotores se articulan para usar el poder estatal contrael Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra, acusándolo de violar la seguridadnacional. El MP-RS trazó una estrategia para enfrentarse al movimiento72 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, apreciando denuncia formulada por la Red Nacional de Abogadasy Abogados Populares acogió el pedido formulado frente al Estado brasileño, por haber violado la jueza de derecho de lacomarca de Loanda, PR, Elizabeth Kather, violado el sigilo de comunicaciones de asentamiento de trabajadores ruralesvinculados al MST, divulgando su contenido por la Rede Globo. (http://www.cidh.org/annualrep/2006sp/Brasil12353sp.htm acceso el 18 de junio de 2008). El Paraná del Gobernador Jaime Lerner llevó a Brasil a ser denunciado ante la CorteInteramericana de Derechos Humanos también como resultado de la muerte de Sétimo Garibaldi, en noviembre de 1998,cuando grupos armados desalojaron familias de “sin -tierra” de la hacienda São Francisco, ye la misma jueza, ElizabethKather archivó el proceso. La CIDH entendió que el Estado no había envidado esfuerzos para arrestar a los criminales ydecidió, en este como en el primer caso, llevar a Brasil a la Corte. (http://www.anexo10.com.br/news_det.php?cod=1405acceso el 18 de junio de 2008)73 BERNARDES, FLÁVIA, Empresa que ameaça índios e negros vai vigiar escolas, Século Diario, disponible enhttp://www.seculodiario.com/arquivo/2005/novembro/16/noticiario/meio_ambiente/16_11_06.asp, acceso el 18 dejunio de 2008.74 Valmir Mota de Oliveira, el Keno, muerto por pistoleros contratados por la Syngenta como vigilantes privados. Kenotenía 34 años, dejó la esposa Íris y 3 hijos, niños de 13, 9 y 7 años. En el episodio, los milicianos de la Syngenta hirierongravemente a Couto Viera, Jonas Gomes de Queiroz, Domingos Barretos, Hudson Cardin e Izabel Nascimento de Souzaque perdió la visión de un ojo.100