Kathrin Buhl y Claudia Korol (Orgs.) - Fundação Rosa Luxemburg

años ochenta con la criminalización de aquellos que están a favor de las demandasde los presos de la RAF (a través de huelgas de hambre), por mejores condicionesde prisión, y que quieren difundir informaciones sobre eso en público.La criminalización de los así llamados “simpatizantes” (un término jurídicamentemuy poco preciso), toma dimensiones que no pueden ser subestimadastampoco en su efecto “psicológico”. El § 129a es el instrumento adecuado paraesto, porque como ya se sabe, no pone bajo pena sólo a delitos cometidos y laasociación, sino también a la colaboración y publicidad para organizacionesterroristas. Editoriales e imprentas son revisadas sistemáticamente, acusadas dehacer publicidad/colaborar y son detenidos sus trabajadores.Entre tanto el § 129a se convierte en instrumento contra los movimientosmilitantes autónomos, a los que no se les puede imputar relaciones con la“lucha armada de la RAF”. El movimiento antinuclear es declarado una “asociaciónterrorista”, o sea, se inician más y más procesos contra grupos de éstey de otros movimientos. Un motivo es obviamente el aumento de actividades“militantes” de los movimientos (en general daños materiales): al lado de la“defensa militante” del derecho a la manifestación, se organizan también otrasactividades durante los años ochenta. Por ejemplo, se derrumban una y otravez líneas eléctricas, son saboteados trechos de ferrocarriles y carreteras. Parasaber más detalles sobre estas escenas organizadas de forma descentralizada,y los movimientos (los así llamados autónomos), se introduce regularmente asoplones del Servicio de Inteligencia interno y de la policía, a lo que los movimientosreaccionan en parte con cuidado adecuado, pero por otra parte conaislamiento y paranoia. La expansión de los movimientos también se limitapor su propia actitud. La censura y criminalización de revistas y periódicosde la izquierda (radical) se vuelve normalidad (por ejemplo se inician procesoscontra los editores de la revista antinuclear según el § 129a). El campo de“temas relevantes para atentados”, como lo expresa la Fiscalía General (Bundesanwaltschaft)en casos de “protección del estado”, es ampliado de tal maneraque en los años ochenta de hecho se podría referir a cualquier movimiento. En1987 se amplía el catálogo de delitos judiciales en el § 129a a “típicas formas deterrorismo surgidas durante los tiempos recientes”.Desde 1967 se realizaron varios miles de procesos de investigación segúnel § 129, 129a y a partir del 2002 el 129b. Sin embargo, se canceló entre un 80y un 97 por ciento de éstos sin llegar a una sentencia. Entre el 2002 y el 2004hubo en total 404 procesos contra 509 acusados. Sólo 37 fueron juzgados. Enla mayoría de los casos se tomaron las medidas necesarias para supervisar latelecomunicación, naturalmente se afectó con eso a una cantidad de personasno involucradas para nada.217