Kathrin Buhl y Claudia Korol (Orgs.) - Fundação Rosa Luxemburg

Embajador norteamericano en Argentina publicado el 9/6/2008 por el Diario Clarín:“Desde 2001 el gobierno de los Estados Unidos ha comprometido más de 528 millonesde dólares en asistencia financiera internacional para la lucha contra la tratade personas. En los últimos años hemos provisto cerca de 700.000 de dólares a laOIM para desarrollar campañas de concientización y programas de capacitación enArgentina y sus vecinos del Cono Sur. Hemos donado camas, computadoras y otrosartículos para equipar el centro de asistencia a las víctimas dirigido por Susana Trimarcoen la Fundación María de los Ángeles”.Cabe mencionar también como parte de las políticas de militarización impulsadaspor los EE.UU. la presencia de maniobras militares conjuntas, realizadas entrelas tropas estadounidenses y las fuerzas armadas de países de América Latina, quetienen el propósito de preparar la participación de las fuerzas armadas de la regiónen fuerzas multilaterales. Los Operativos Cabañas, realizados en General Mosconi,Salta, fueron parte de esas políticas. A este objetivo se suma la posibilidad, que adquierenlas fuerzas extranjeras presentes en las misiones y ejercicios conjuntos, deconocer el terreno en el cual se mueven, obteniendo información en relación a losrecursos, biodiversidad y características de las poblaciones; y también a ejercitarse enla represión (como sucede con las tropas de la MINUSTAH, en Haití).Es en este contexto que fue aprobada la “Ley Antiterrorista”, votada y promulgadabajo el número 26.268. Fue Cristina Fernández de Kirchner la encargada detramitar su votación en el Senado, logrando una semana después la aprobación porDiputados. Este apuro se debió a que los Estados Unidos y el Grupo de Acción FinancieraInternacional (GAFI), exigieron la sanción de la ley antes del 23 de juniode 2007, bajo amenazas de aplicar sanciones económicas, las cuales consistían enel no otorgamiento de créditos por parte del Banco Mundial, FMI y otras entidadesinternacionales. La Ley Antiterrorista se enmarca dentro de la doctrina jurídica másretrógrada, que reproduce la doctrina del “Derecho Penal del Enemigo”, y el “DerechoPenal de Autor”. Tiene como objetivo extender el poder de represión a través de unaherramienta legal que aumenta enormemente las atribuciones de las fuerzas policiales,de inteligencia, jueces y fiscales y que es lo suficientemente severa para conlos que luchan y lo más abierta posible en cuanto a las acciones que puedan quedarenmarcadas como “terroristas”. Reprime con prisión de 5 a 15 años, a todo aquel quecolabore de manera alguna con cualquier integrante de esta organización “terrorista”,independientemente que esa persona u organización efectúe acto o hecho alguno.Esta legislación es sumamente retrógrada en materia de refugio y asilo político ya queniega tales beneficios políticos a aquellas personas acusadas de “terrorismo”. Se amplíanlas facultades ya de por sí amplísimas de la Unidad de Información Financiera,dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, (un organismo de inteligenciaeconómica del Estado) para recabar todo tipo de información financiera, aún secreta,de cualquier tipo, y sobre cualquier persona, en poder de quien sea (AFIP, rentas delas provincias, entidades bancarias, financieras, contadores, etc.), investigar y atacar las70