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Kathrin Buhl y Claudia Korol (Orgs.) - Fundação Rosa Luxemburg

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Señala Rina Bertaccini en el informe para esta investigación que “la primeraReunión de Ministros de Defensa de las Américas (en Williamsburg, Virginia,EE.UU., del 24 al 26 de julio de 1995)” es el “punto de partida de la aplicación enAmérica Latina de la política de seguridad nacional del gobierno Clinton. Allí tomacuerpo la Doctrina de la Cooperación para la Seguridad Hemisférica (DCSH), porla cual EE.UU. se reserva para sí el mando general, las actividades formativas y deadiestramiento y la supervisión, mientras las tareas prácticas son realizadas por lasfuerzas armadas y de seguridad de cada uno de los países. La DCSH está vigente yvale recordar una vez más que “lo que ellos llaman seguridad es, en esencia, represiónde las luchas y rebeliones populares que se extienden en la región como resultadodel crecimiento de la conciencia de los pueblos frente a las tremendas consecuenciassociales de la política del neoliberalismo” 54 . En un trabajo de Albert R. Coll, exprimer Vicesecretario de Defensa para Operaciones Especiales y Conflictos de BajaIntensidad, fechado en 1997 y titulado “Intereses estratégicos de EE.UU. en Américalatina”, el autor enfatiza el tema del narcotráfico “distorsionando intencionadamentelos conceptos para asociarlo a los movimientos insurgentes y rebeliones popularesen palabras como ‘narcoguerrilla’, ‘narcosubversión’ y ‘narcoterrorismo’. Ese es tambiénel trasfondo de los Acuerdos de la Triple Frontera firmados este año (1998) porArgentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con la mira puesta en las acciones heroicasde los campesinos sin tierra y otras luchas de la región” [de la Declaración citada delMopassol]. Vale agregar que es asimismo el trasfondo de la legislación “antiterrorista”que prolifera en el continente y en el mundo”.Desde 1999 se produjeron iniciativas legislativas, en consonancia con estapresión internacional, como la aprobación por ley 25.762 de la Convención Internacionalpara la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, la ley26.023 de aprobación de la Convención contra el Terrorismo (OEA), y la ley 26.024Convención para Combatir el Financiamiento del Terrorismo. El 30 de marzo del2005 se convirtieron en ley en la Argentina dos convenios internacionales referidosa la supuesta “guerra contra el terrorismo” impulsada por EE.UU.: la ConvenciónInteramericana contra el Terrorismo (CICTE) y el Convenio Internacional para laRepresión de la financiación de terrorismo.Luego del atentado a las Torres Gemelas, el gobierno de Bush planteó, entreotras cosas, la intervención armada unilateral y preventiva en cualquier lugar desdedonde considerara que podía ponerse en peligro la seguridad de los EE.UU. Posteriormenteindicó a la Triple Frontera como un foco de peligro terrorista potencial.En febrero del 2003 el Presidente Bush emitió una Directiva según la cual la trata depersonas, era una prioridad para su gobierno. La Embajada de EE.UU. ofreció subsidiosa la Organización Internacional de Migraciones (OIM). Señala un informe del54 [Ver Declaración del Mopassol “Unirnos para resistir la estrategia imperial”, 26 de abril de 1998. Sobre la DCSH sepuede ver también “Cooperación para la Seguridad Hemisférica –construyendo la seguridad cooperativa” de FranciscoRojas Aravena, FLACSO / Chile. FASOC Vol. VII, Nº 2]69

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