Kathrin Buhl y Claudia Korol (Orgs.) - Fundação Rosa Luxemburg

cada vez más frecuentes exigencias que, en la práctica, tienen en vista impedir elderecho asociativo.En ese particular, en lo que respeta a los pueblos indígenas, aunque la ConstituciónFederal asegure, en los Artículos 231 y 232 que son reconocidas sus organizacionessociales, siendo estas partes legítimas para ingresar en juicio en defensade sus derechos e intereses, tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo se han negadoa validar el dispositivo, estableciendo exigencias de que tales organización sean registradasnotarialmente.Esas exigencias de registro notarial han sido hechas también a las organizacionesquilombolas, aunque la Convención 169 de la OIT establezca, en elArt. 5º b, que se deberá respetar la integridad de las instituciones representativasde esos pueblos.REPRESIÓN A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y SINDICALESPuestos ya no solamente en términos de criminalización, sino de represión alos movimientos sociales, varios elementos dan cuenta de que esa tarea es funcióntanto de agentes privados como de agentes estatales, estén estos en el ejercicio de lafunción o fuera de ella.Parece evidente que la acción de pistoleros a servicio del latifundio se ha reducidoen términos nacionales, aunque se mantenga en regiones y Estados determinados- y vale mencionar Pará, Paraná, Minas Gerais y Pernambuco.Sin embargo, esa situación no ha implicado, de modo alguno, el fin o aún ladisminución de la represión a los movimientos, organizaciones y agentes sociales;está en curso una legalización de la violencia privada y una estatización de esas acciones,lo que ha incrementado al extremo el crecimiento de prisiones, detencionese intimidaciones 71 .La legalización de la violencia privada ha tenido origen hace ya años, evolucionandopoco a poco hacia el establecimiento de empresas de seguridad, directamentevinculadas al latifundio y a la gran empresa. En el Pontal do Paranapanema en SãoPaulo, y en Mato Grosso do Sul, han sucedido los primeros intentos de legalizaciónde las organizaciones de la violencia rural.Tales intentos han tenido un mal resultado en aquellos Estados, dado el ejercicioextemporáneo de la violencia, con tiroteos en São Paulo y emboscadas, secuestrosy asesinatos en Mato Grosso do Sul.En Paraná, la estrecha relación con la Policía Militar, en el tiempo del exgobernadorJaime Lerner, garantizó a la matonería legalizada del latifundio una71 En la Región Sur y en Minas Gerais, entre agresiones, amenazas de muerte, detenciones y prisiones, intimidaciones e impedimentosde ir-y-venir, la Comisión Pastoral de la Tierra, en su Informe Anual sobre Violencia en el Campo señala 2.212 víctimas.99