Kathrin Buhl y Claudia Korol (Orgs.) - Fundação Rosa Luxemburg

de seguridad para detener personas arbitrariamente son clave para brindar la ocasiónpara la tortura. El estado hace una defensa irrestricta de las normas que permiten alas policías detener indiscriminadamente “sospechosos”, cuyo perfil siempre coincidecon lo que ellos mismos describen como “morocho, joven y de barrios conflictivos”.La investigación efectuada por la CORREPI, puntualiza que: “en 2003 hubo1.508 casos de torturas, con un promedio de muertes de 12 personas por mes, en2004, 1.684 casos, manteniendo el promedio de 12 personas por mes, en 2005,1.888 casos, con un promedio 15 casos por mes, en 2006 2.114 casos, manteniendoel promedio de 15 personas muertas por mes y a fines de 2007 se registraron 2334,con un promedio de 16 personas muertas por mes. En los últimos 12 meses seevalúan 192 muertes”.La selectividad del sistema penal se manifiesta en el hecho de que son los pobresquienes llenan las cárceles. Es el gobierno, señala el informe, durante el cual hansido asesinados más jóvenes y pobres: 847 muertos se relevan en el archivo de casos,durante 54 meses de gestión. Esto significa más de 16 jóvenes y pobres, asesinadoscada mes por policías, prefectos, gendarmes, o agentes del servicio penitenciario. “Unpibe cada 40 horas, en cuatro años y medio de gobierno”.El “gatillo fácil” -al igual que las razzias en las poblaciones pobres-, actúa comodispositivo de disciplinamiento, sin otro criterio que el castigo a la pobreza, y el acostumbramientoa la violencia como cara única de la ley. Las razzias en los barrios, justificadaspor la persecución al narcotráfico o a la “delincuencia”, son moneda corriente en los sectoresmarginados. Se generan verdaderos asaltos a la población más vulnerable, tendientesa establecer el orden armado frente a los más débiles. La militarización de barrioscarenciados, se ha institucionalizado a través de dispositivos como el Plan de ProtecciónIntegral de los Barrios -iniciado en noviembre de 2001- con la ocupación de tres grandesvillas de emergencia en el Buenos Aires por las fuerzas policiales. “Esta nueva escaladade la criminalización, visible en la militarización de los barrios carenciados, naturalizala asociación entre “pobreza” y “delito”, a través de la categorización de las poblacionespobres como “clases peligrosas”, distinguiéndolas del resto de la sociedad, y señalandosus núcleos habitacionales como mera fuente de delito. Sin embargo, esta correlación queestablece entre “inseguridad”, “delito” y “pobreza”, pone de manifiesto la emergencia denuevas fronteras políticas y jurídicas. La emergencia de estas nuevas fronteras abre laspuertas a la posibilidad de que, en nombre de la conservación del orden social, se instituyanzonas despojadas de derecho –zonas de no derecho o “estados de excepción”, segúnla conceptualización de Agamben 36 - en donde la autoestima y el respeto colectivo nocuentan, y en donde vuelve a primar una pura lógica de acción policial” 37 .36 G. Agamben, El Estado de excepción, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2004.37 R.Gargarella. M. Svampa. “Las fronteras del derecho”, en Página 12, 1-2-2003. Citado en el informe de Alerta Argentina 200552