Kathrin Buhl y Claudia Korol (Orgs.) - Fundação Rosa Luxemburg

cada vez más represivas, son herederos de los viejos edictos policiales. La policíautiliza el arresto, los malos tratos, la amenaza y la coima, convirtiéndose en socia delproxenetismo, cuando no directamente en proxeneta. Nunca se llega a los grandesresponsables de la explotación sexual de las mujeres y niñas/os, a los jefes de lasredes de prostitución, o a aquellos funcionarios, legisladores, empresarios, fiscales,comisarios y jueces que participan del negocio. … El Estado, los gobiernos, los podereslegislativos y la justicia, son responsables por lo que hacen, pero también por loque no hacen. No persiguen a los explotadores, no respetan ni protegen los derechoshumanos de las víctimas, no destinan leyes, programas y presupuesto a la creaciónde refugios, a la asistencia médica, jurídica y psicológica, a la capacitación laboral, ala creación de empleos”.Vale la pena llamar la atención sobre el tratamiento que se realiza desde el gobiernonacional y determinadas ONGs de este tema, respondiendo a las imposicionesde la política norteamericana, que han colocado la trata de personas, no como unproblema de derechos de las víctimas -fundamentalmente las mujeres-, sino comouno más de los múltiples problemas que integran su agenda de “seguridad” (juntocon migraciones, narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo, pobreza). En consonanciacon esos criterios, se ha aprobado en Argentina la Ley contra la Trata de Personas,en la que se establece que para que se constituya el delito, en el caso de mayores de 18años, el Estado o las damnificadas deben “probar” que hubo reclutamiento medianteengaño, fraude, violencia, amenaza, coerción o abuso de autoridad. Con esta ley sevulnerabiliza a las mujeres mayores de 18 años, y se crea la idea de que existe unatrata ilegítima que se penaliza, y otra legítima en la que las víctimas darían su consentimientopara ser prostituidas. Las víctimas deben “probar” que sus explotadoreslas violentaron, lo que supone la pretensión de que las víctimas son las responsablesde defenderse, mecanismo por el cual se las revictimiza.Otro camino para criminalizar a las mujeres pobres es la penalización delaborto. En Argentina el aborto es la primera causa de muerte materna. La hospitalizaciónpor aborto se ha incrementando en el país en un 57% desde 1995 al 2000. El40% corresponde a menores de 20 años. Se calcula que muere una mujer por día porabortos clandestinos. (Se hacen alrededor de 500.000 abortos por año). Ha habido enestos años varios casos de mujeres procesadas por realizar un aborto, y de médicaspor practicarlo. Aún estando legisladas en el Código Penal las causas de abortos nopunibles, la falta de un protocolo claro que permita la atención a estos casos hace quelos mismos no sean realizados en los hospitales públicos. Tampoco se cumple con elprotocolo de asistencia humanitaria post aborto, con la Ley de Salud Sexual y Procreaciónresponsable, ni con el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable.Estos hechos ponen en riesgo a las mujeres pobres –que son las que no acceden a los55