Kathrin Buhl y Claudia Korol (Orgs.) - Fundação Rosa Luxemburg

5) El gobierno de Kirchner y la protesta socialComo dijimos anteriormente, en un contexto de resquebrajamiento del paradigmaneoliberal imperante hasta ese momento, el gobierno de Néstor Kirchneradoptó una política que tenía por objetivo fundamental recomponer el funcionamientodel sistema político y de las instituciones luego de la crisis de diciembre de2001. Como el propio Kirchner dijo en varias ocasiones, lo que se buscaba era construirun “capitalismo en serio”.Muchos sectores de las clases dominantes también advirtieron que ya no habíamargen para la aplicación de las políticas de ajuste que se venían aplicando hastaese momento y que el kirchnerismo ofrecía una salida posible frente a una crisis dehegemonía sin precedentes.Sin afectar sustancialmente los intereses de los sectores más concentrados de laeconomía, el gobierno avanzó en una estrategia tendiente a desmovilizar y fragmentara los sectores populares evitando la represión abierta. Como ejemplo de esto sepuede mencionar la reunión a la cual nos convoca el presidente Kirchner, en la cualnos comenta la intención de avanzar en el esclarecimiento del juicio a través de unacomisión independiente. Que para hacer posible esto, nosotros deberíamos abandonarla calle y el corte del puente Pueyrredón, cosa que nosotros no accedimos porqueentendemos que la única garantía que se cumplan los intereses del pueblo es a travésde la movilización y la lucha.En este sentido, las políticas apuntaron a la fragmentación de algunas organizaciones,a la cooptación de otras y a una política muy dura en términos de acceder alos reclamos reivindicativos de las organizaciones piqueteras, las que paulatinamentefueron quedando aisladas y perdieron consenso, al compás de una reactivación de laeconomía en un contexto internacional muy favorable.El doble discurso del gobierno de Kirchner se puso en evidencia en casitodos los terrenos, pero sin duda uno de los más importantes fue el de losderechos humanos. Si bien no se apeló a la represión abierta, se fue avanzandoen distintas formas de criminalización de la protesta social, al punto de que sonmiles los activistas y militantes sociales procesados por la justicia por participaren reclamos populares.En los últimos años, la desaparición de Julio López, quien era uno de los testigosclaves en el juicio a uno de los jefes policiales que comandó la represión ilegalen los años setenta, y el asesinato de Carlos Fuentealba, un docente de la provinciade Neuquén que se encontraba participando de un corte de ruta, muestran con todaclaridad que el aparato represivo del Estado no ha sido desmantelado y que sus integrantesgozan aún de impunidad. Los informes de organismos de derechos humanos,como la Correpi (Coordinadora contra la represión policial e institucional) dancuenta de la continuidad de ciertas prácticas contra militantes políticos y sociales(aprietes, secuestros y amenazas) así como la continuidad de torturas y malos tratosen las cárceles y en las sedes policiales.236