Kathrin Buhl y Claudia Korol (Orgs.) - Fundação Rosa Luxemburg

se resigna. De la “doctrina de seguridad nacional”, pasamos a la “tolerancia cero”, dela misma manera que la “mano invisible” se vuelve “mano dura”. Una mano que sevuelve puño, pero permanecerá invisible, intermitente, difusa y errante. De allí queno pueda percibírsela como tal. El terror del que hablamos es un terror espectral,que ya no tiene su base real en un punto determinado, en una institución, sino quepermanecerá diseminado entre diferentes prácticas que organizan y gestionan la disrupción.Eso será el terrorismo de Estado en esta nueva época signada por la crisis derepresentación: un puño sin brazo”.Señala el informe de la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policiale Institucional) en la presentación del archivo de casos 1983-2007: “Desde diciembrede 1983 los gobiernos “democráticos” mataron, desaparecieron, torturaron hastamorir o masacraron en cárceles y movilizaciones a 2334 personas. Más de la mitadtenían menos de 25 años. La abrumadora mayoría eran pobres. Casi el 60% fue fusiladopor el gatillo fácil. El 30% murió en cárceles y comisarías. Desde 1995 hasta 2007,cincuenta y un compañeros cayeron bajo las balas de fuerzas provinciales o federalesen marchas y movilizaciones populares” 35 . Refiriéndose al gobierno de Néstor Kirchnerel informe agrega: “El estado argentino, durante el gobierno kirchnerista, ejercióel control y el disciplinamiento social mediante el gatillo fácil, las torturas en cárcelesy comisarías, las razzias y las detenciones arbitrarias, entre otras medidas como lasaturación policial y el uso de gendarmería y prefectura para militarizar los barrios.También desarrolló la represión política mediante el hostigamiento a las organizacionespopulares, las amenazas, las persecuciones, la represión en movilizaciones, eluso de patotas gubernamentales y patronales, las causas penales y el encarcelamientopor razones políticas. Es necesario destacar la persistencia, como política de estado,de la sistemática aplicación de tormentos a personas legal o ilegalmente detenidas,que en muchos casos ocasiona la muerte del torturado. Una parte significativa de lasmuertes en cárceles y comisarías corresponde a torturas seguidas de muerte, pese alo cual no llegan a una docena las condenas en todo el país por ese delito. Paralela ycomplementariamente al uso habitual de métodos de tortura como el apaleamiento,el submarino seco (“bolsita”) o la picana eléctrica, el aparato judicial es reacio acalificar hechos obvios de tortura como tales, porque esa figura legal señala con másclaridad que ninguna otra la responsabilidad institucional. En relación a las muertesen las comisarías, cabe destacar también que la gran mayoría de las personas quefallecen no estaban detenidas por delitos y a disposición de un juez, sino que habíansido víctimas de arrestos policiales para establecer identidad (averiguación de antecedentes)o contravenciones y faltas, probando así que estas facultades de las fuerzas35 Ver: Presentación del archivo de casos 2007, en http://correpi.lahaine.org51