El-Sistema-penitenciario-salvadoreño-y-sus-prisiones

La población reclusa salvadoreña 83
Gráfico 28.
Campañas de salud coordinadas por la
Unidad Médico Odontológica, 2015*
200
Limpieza Vacunación Médicas Odontológicas
177
172 175
salud
de
Campañas
150
100
50
0
118
119
123 123
89
50
43
36
21
22 23 20
9
16
3 0 3 0
88
61
43
19 17 19
7
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: DGCP, 2015
* Datos a julio 2015
A pesar de los esfuerzos que la DGCP hace por atender a esta población, las dificultades
presupuestarias y de recurso humano impiden a la administración penitenciaria el
cumplimiento de la normativa nacional e internacional relacionada a la atención médica de
los privados de libertad. Al respecto, un especialista entrevistado afirma:
Por suerte, tienen los ingresos de las tiendas institucionales y de ahí [… se] compran medicamentos;
dependen en mucha parte de la donación de medicamentos de puestos de salud y hospitales regionales;
pero eso no es la solución (Especialista 2).
Desde la perspectiva sistémica, bajo la cual se ha impulsado la reforma penitenciaria, el
Ministerio de Salud debiera asegurar la atención de la salud, ya que las personas que albergan
las cárceles del país, además de ser amparadas por el derecho nacional, también están
respaldadas por las normas internacionales. De acuerdo a diversos tratados internacionales
y a la legislación nacional, la población reclusa conserva los mismos derechos que el resto
de las personas que viven en situación de libertad, a excepción del derecho a la libertad
ambulatoria. En sintonía con el párrafo anterior, Coyle (2009, pág. 47) expresa que los
privados de libertad no pierden su derecho a la salud, tanto física como mental, de igual
forma conservan su derecho “a una atención médica cuyo nivel sea, como mínimo, el mismo
que goza la población en general” tal y como lo manda el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12, en el que no se hace distinción de
persona para el goce de dicho derecho.