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Capítulo 6.
La demanda del sistema de justicia
6.1. El tránsito de las personas privadas de libertad por el sistema de justicia
Flujo de personas privadas de libertad en el sistema de justicia
La mutación del fenómeno delincuencial hacia formas de criminalidad más organizadas
en la última década, ha perfilado el tema de la seguridad como una de las más importantes
demandas ciudadanas (Aguilar, 2012). Esto ha influenciado las respuestas de diversos países,
como El Salvador, que “han respondido a esta amenaza creciente con el endurecimiento de
la legislación penal” con el objetivo de “satisfacer a la opinión pública” donde “determinados
agentes políticos […] buscan el objetivo punitivista para dar la «impresión tranquilizadora de
un legislador atento y decidido»” (Callegari y Arruda en Cancio y Jara, 2006, pág. 325 y 327).
Esto ha generado el uso indiscriminado de la aplicación de la prisión asignada como
condena y como medida cautelar. Sin embargo, ello no ha reducido los niveles de impunidad
ni alejado las opiniones de acabar con la delincuencia “de raíz” con ideas genocidas entre
la población (Landaverde, 2014), lo que confirma la necesidad de implementar medidas
integrales que permitan reducir tanto las expresiones y manifestaciones de la violencia como
las causas que las originan.
Flujo de personas en sede fiscal
Una de las entidades estatales que ejercen una importante influencia en la gestión
penitenciaria es la Fiscalía General de la República (FGR). Esta entidad también registra
altos niveles de flujo de personas que son investigadas como imputados de un hecho
delictivo. Según datos de la FGR, existe una importante cantidad anual de imputados que
se han registrado en sede fiscal, los cuales probablemente sean futuros usuarios del sistema
penitenciario. De acuerdo a datos provistos por la FGR, en promedio, para el período
2009-2014, 124 362 personas han sido investigadas en sede fiscal por un delito. Esto sin